La Defensoría del Pueblo expresó este jueves su preocupación por no contar, hasta la fecha, con el contenido íntegro del “Plan de Prevención de Incendios Forestales del Estado” correspondiente a la presente gestión.

Frente a esta situación, instó a las entidades accionadas a destinar de manera “inmediata y efectiva” los recursos logísticos, económicos y humanos necesarios en las zonas con mayor nivel de riesgo, señala un pronunciamiento.

Además, pidió intensificar los esfuerzos para garantizar la atención oportuna de posibles emergencias, especialmente en los 47 municipios identificados como críticos en 2025 por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal.

La Defensoría del Pueblo reiteró que los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Desarrollo Rural y Tierras, de Defensa y de Planificación del Desarrollo, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas consideradas en situación de “alto riesgo”, deben priorizar, de forma “urgente”, las medidas de prevención, cumpliendo a cabalidad lo establecido en la Resolución Constitucional N° 233/2024.

“De esta manera, se garantizará el principio de No Repetición respecto a la devastación ambiental y los daños sufridos durante la gestión 2024 a causa de los incendios forestales y las quemas no controladas”, señala el documento.

De no ejecutarse las acciones se podrían vulnerar los derechos fundamentales como el derecho a la salud, al medio ambiente sano, a la vida e integridad personal, a la vivienda digna, así como los derechos de la Madre Tierra.

“La Defensoría del Pueblo informa que se encuentra realizando el seguimiento correspondiente a la queja por incumplimiento presentada el 10 de enero de 2025, a través de la cual se solicitó el cumplimiento pleno de la mencionada Resolución Constitucional”, informó.

La queja fue formalmente notificada a las entidades demandadas, las cuales, en su mayoría, han remitido los informes respectivos, quedando pendiente la respuesta de algunas instituciones. El siguiente paso procesal consiste en la exigencia de que la Sala Constitucional emita una resolución expresa sobre el fondo de la queja interpuesta.

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