El Gobierno, mediante el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lamentó la decisión del juez de Colcha K en Potosí, quien ordenó la paralización provisional de los contratos de litio con las empresas de China y Rusia, impidiendo así que se traten en la Asamblea Legislativa.

Montenegro señaló este miércoles que este tipo de decisiones “retrasan el progreso de Oruro y Potosí”.

“Queda claro que el perjudicado es el país, entonces vemos ahí una postura política cuando no se ve la necesidad y la importancia de que las regiones puedan desarrollar a partir de estos recursos naturales tan importantes como el litio”, manifestó el Ministro.

El juez de Colcha K determinó el martes emitir medidas cautelares, disponiendo que la Asamblea no pueda tratar los contratos por el litio, con las empresas china CBC y rusa Uranium One, además de que no se ejecuten obras relacionadas, en tanto se define una acción popular presentada por una organización de comunarios.

Montenegro dijo que la Asamblea también tiene corresponsabilidad en este tema, porque no ha tomado con la importancia debida la aprobación de estos contratos.

Aclaró que el Gobierno nacional ya descarga su responsabilidad, puesto que gestionó la normativa y ha mandado los contratos a la Asamblea.

Los comunarios que presentaron la Acción Popular demandan la suspensión de los contratos, en tanto no se realice una serie de medidas que garanticen sus derechos y de la Madre Tierra en el Salar de Uyuni, como la consulta previa, el estudio de impacto ambiental y una regulación sobre la explotación del litio.

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