La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió al Gobierno implementar un plan integral de emergencia con acciones complementarias para evitar que la inflación, la carestía de alimentos, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles se agraven aún más, afectando especialmente a los sectores más vulnerables del país.

En un pronunciamiento público difundido este domingo, la organización empresarial reconoció como un paso positivo el reciente anuncio de medidas administrativas por parte del presidente Luis Arce y su gabinete, destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y alimentos. No obstante, advirtió que estas disposiciones no son estructurales ni suficientes para enfrentar el complejo escenario económico actual.

“Es evidente que estas medidas pueden coadyuvar en la lucha contra el contrabando y la especulación, y aportar a la contención de algunos problemas que se han agravado en los últimos días. Sin embargo, creemos que ahora es necesario que el Gobierno implemente un plan integral de emergencia con acciones complementarias que eviten que la situación empeore”, señala el comunicado de la CEPB.

El sector privado considera que dicho plan debe incluir el respaldo a los sectores generadores de divisas, la liberación de exportaciones, el aseguramiento de una provisión constante de carburantes, la garantía para el ejercicio pleno de la actividad empresarial y la dinamización de la economía nacional.

También advirtió que, sin soluciones duraderas a los problemas de abastecimiento de combustibles y dólares, y sin el concurso responsable de la Asamblea Legislativa, cualquier medida podría enfrentar múltiples barreras que dificulten su efectividad.

Entre las recientes disposiciones anunciadas por el Ejecutivo, se encuentra el despliegue de más de 1.480 efectivos militares adicionales a los ya existentes para reforzar la lucha contra el contrabando, así como la exigencia a los gobiernos municipales de asumir su rol constitucional en la fiscalización de mercados para garantizar precios y pesos justos. Además, se promoverán sanciones penales contra quienes incurran en agio y especulación.

En materia de producción agrícola, se anunció la creación de un programa nacional para incrementar la producción de maíz y arroz, con un horizonte de cinco años y una inversión de más de Bs 350 millones. También se habilitará un fondo de créditos blandos superior a Bs 22 millones para fortalecer la producción agrícola y la oferta de pollo, acompañado del diferimiento del gravamen arancelario a cero para la importación de insumos avícolas hasta diciembre de 2025.

Asimismo, se autoriza la importación de pollitos bebé para reforzar la producción avícola, se garantizará la cobertura total de la demanda de combustibles en el eje central del país desde el 26 de mayo, y se prevé la descarga de 149 millones de litros de hidrocarburos líquidos en la terminal marítima de Sica Sica. Otra de las disposiciones es la prohibición a YPFB del uso de activos virtuales para evitar especulación cambiaria.

Finalmente, se emitieron siete decretos supremos orientados a proteger la economía familiar mediante medidas contra el contrabando y la especulación, en un contexto que el Gobierno atribuye a trabas legislativas impuestas por sectores opositores.

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