A pocos meses de celebrarse las Elecciones Generales de 2025, la Defensoría del Pueblo instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a aplicar con firmeza las sanciones establecidas en la Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación frente a cualquier manifestación de intolerancia que se produzca durante la campaña electoral.
La institución recordó al TSE su responsabilidad de hacer cumplir el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, especialmente en lo referido a hechos discriminatorios. “Se recuerda al Tribunal Supremo Electoral la obligación que tiene de aplicar las sanciones correspondientes ante cualquier hecho discriminatorio señalado en el Reglamento”, señala un pronunciamiento oficial.
El llamado surge de manera coincidente a un hecho sucedido en Beni, donde el concejal Arnoldo Méndez, en un acto proselitista en respaldo al candidato Jorge Tuto Quiroga, realizó expresiones discriminatorias contra personas del occidente del país. Aunque el partido Alianza Libre se desmarcó de sus declaraciones, aclarando que el concejal no forma parte de su estructura, el hecho generó preocupación por el uso de discursos excluyentes en el contexto electoral.
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo también exhortó a partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación y plataformas digitales a evitar la difusión de mensajes que vulneren la dignidad de personas o refuercen estereotipos. En el marco del artículo 9 de la Ley Nº 045, recordó que el Comité de Lucha contra el Racismo debe impulsar políticas públicas de prevención y erradicación de la discriminación.
La advertencia de la institución se dio en el marco de la conmemoración del Día Nacional Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, este 24 de mayo. En ese contexto, anunció además la presentación del ‘Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación’, una herramienta destinada a monitorear actos de intolerancia durante los próximos meses de actividad electoral.
Entre enero y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo registró 264 denuncias por vulneraciones de derechos vinculadas al racismo o discriminación. Oruro encabezó la lista con 73 casos, seguido por La Paz con 68 y Beni con 42.
Finalmente, la entidad convocó a instituciones públicas, organizaciones sociales y actores de la sociedad civil a sumarse a una acción colectiva que promueva una cultura de respeto, diálogo y pluralismo, principios fundamentales para la convivencia democrática en el país.
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