El financista Jaime Dunn, que aún brega para completar sus requisitos y postular a la presidencia, expresó su extrañeza porque desde que anunció su postulación le empezaron a pasar cosas raras, como salir en un documental del caso Zúñiga, ser convocado a declarar, aparecer como militante del MAS y ahora procesos de hace dos décadas en la Contraloría.

“Desde que yo declaro mi candidatura, han pasado muchísimas cosas extrañas: que aparezco sin autorización un documental de un supuesto golpe de Estado, soy notificado a declarar en mi defensa sobre esa investigación sin que haya pruebas en mi contra, después aparezco un registro del MAS en un libro como si hubiese sido masista”, lamentó Dunn en entrevista con Erbol.

En el caso de su presunta militancia en el MAS, denunció que apareció retroactivamente en su supuesto libre de adherentes que no siquiera lo tiene el Órgano Electoral, lo cual es extraño.

Ahora, al intentar tramitar su certificado de solvencia fiscal, Dunn se encontró con varios procesos que lo mencionan con montos bajos de hasta dos dólares, además de otros casos donde no fue notificado o que están mal registrados.

“Es mucha casualidad que uno es candidato y aparezcan este tipo de cosas”, lamentó.

Explicó que sus casos en la Contraloría están relacionados con servicios que prestó en la Alcaldía de El Alto hace unos 25 años, para poner en orden las finanzas municipales. Dijo que se lo menciona por la ausencia de informes que deberían haber presentado consultores y sospecha que esos documentos pudieron haber sido quemados en el incendio provocado de 2016 en oficinas ediles.

Dunn detalló que prefirió no inscribir su candidatura presidencial en tanto no solucione estos registros en la Contraloría, pero aseguró que tiene una estrategia jurídica y tiempo para presentar la postulación.

Indicó que, atravesar estos papeleos, le hicieron advertir que uno debe persignarse para tramitar certificados, puesto que por más honesto que sea puede aparecer involucrado en algún tema.

Como ejemplo de la ineficiencia burocrática, mencionó unos de sus casos, un proceso de 25 años que implica gastos de horas de trabajo y materiales, cuando se trata sólo de un conflicto por dos dólares.

Planteó que se debe reducir la burocracia y la tramitología, porque las entidades estatales son tremendamente ineficientes.

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