A casi ocho meses de la emisión de la Resolución Constitucional N° 233/2024, resultado de la Acción Popular presentada por la Defensoría del Pueblo frente a los graves impactos de los incendios forestales y quemas descontroladas durante la gestión 2024, recordamos que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz otorgó la Tutela solicitada: en la vía Reparadora, Preventiva (Garantía de No Repetición) y Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales, informó la institución en una nota de prensa.

En la gestión 2024, los incendios forestales y quemas descontroladas devastaron 12.658.157 hectáreas entre bosques y pastizales, superando todos los registros históricos. Estos eventos afectaron gravemente a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas (NPIOC), así como al medio ambiente en toda su diversidad.

Si bien existen avances iniciales por parte de las entidades demandadas, estos podrían ser insuficientes ante el riesgo de nuevos incendios en el inicio de temporada seca en el país, pese a la vigencia del Decreto Supremo N.º 5225 sobre la Pausa Ecológica. Por ello, la Defensoría del Pueblo mantiene vigilancia activa y recientemente participó como veedora en la formulación del Plan de Acción de Prevención de Incendios Forestales 2025, que busca articular recursos y acciones junto a las Entidades Territoriales Autónomas.

El 10 de enero de 2025, la Defensoría del Pueblo presentó la Primera Denuncia de Incumplimiento y Conminatoria al Cumplimiento de la Resolución Constitucional N° 233/2024, ante la precitada Sala Constitucional, con base en el razonamiento de la SCP 0243/2012; posteriormente, se remitió a todas las instancias accionadas del nivel central, departamental y municipal, notas oficiales instándolas a coordinar y articular acciones oportunas de prevención y previsión según sus competencias a efectos de evitar la repetición de incendios forestales que deterioren el medio ambiente y afecten la salud de la población boliviana. Asimismo, se reiteró y recordó la necesidad de rendir cuentas públicas e informar el avance de sus acciones, conforme lo establecido en la Resolución dictada por el Tribunal de garantías.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, reiteramos la urgencia de que las entidades accionadas cumplan con lo dispuesto en la Resolución Constitucional Nº 233/2024, recordando que su incumplimiento puede constituirse en una omisión de carácter indebida que, nuevamente vulnere derechos fundamentales subjetivos y derechos colectivos protegidos por el ordenamiento jurídico. En cumplimiento de nuestro mandato constitucional de velar por los derechos individuales y colectivos, continuaremos vigilantes del estricto cumplimiento de la antedicha Resolución Constitucional, con el objetivo de precautelar la vigencia y el respeto de los derechos humanos de la población boliviana y de la Madre Tierra.

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