La resolución de la jueza de Santa Cruz Lilian Moreno, quien el miércoles anuló el proceso penal que impulsa el Ministerio Público por el delito de trata de personas en contra del expresidente Evo Morales pero, en menos de 48 horas, otro juez, esta vez de La Paz, repuso la vigencia de la orden de aprehensión, es parte del “enredo jurídico”, del “teatro” y de las “maniobras” que debilitan aún más la confianza en el sistema judicial debido a resoluciones judiciales y fiscales contradictorias y marcadas de tinte político, coinciden algunos abogados. Analistas apuntan a que este lío jurídico es una “cortina de humo” para allanar la candidatura del líder cocalero y que podría terminar con la reconciliación del MAS con miras a las elecciones generales.
En menos de dos días, dos jueces de garantías constitucionales protagonizaron resoluciones que se contraponen. La primera, la jueza Lilian Moreno de Santa Cruz que en un trámite de recurso de queja por una acción de libertad que no se habría cumplido desde el año pasado, echó por tierra la imputación fiscal, la orden de rebeldía y de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y ratificó que la investigación por trata y tráfico de personas pase de Tarija a la jurisdicción de Cochabamba, concretamente al Trópico.
La resolución de la jueza provocó un remezón en el Gobierno, las autoridades judiciales y el Ministerio Público que de forma separada cuestionaron esa decisión y anunciaron procesos legales contra la jueza Moreno acusándola de haber cometido prevaricato. Sin embargo, el viernes, el juez de Instrucción de La Paz, Andrés Zabaleta, se pronunció con otra resolución que suspende temporalmente la determinación de Lilian Moreno y en la práctica indica que sigue vigente la orden de aprehensión.
La otra contradicción de la justicia es respecto al juez natural, el lugar donde debe radicar el proceso. La jueza Lilian Moreno anuló el proceso penal en Tarija porque considera que el juez que debe controlar la investigación es el distrito de Cochabamba donde radica el imputado Evo Morales, pero el año pasado, un tribunal del distrito judicial de La Paz, determinó que el proceso continúe en Tarija.
REPERCUSIONES
Tras conocerse la determinación de la jueza Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reprochó esa decisión. “No compartimos la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia burlarse de la justicia. Primero nuestros niños”, publicó Saucedo en sus redes sociales.
Horas antes, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció una investigación disciplinaria contra Moreno. “El Consejo de la Magistratura va a ser tajante, cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial va a ser sancionado”, declaró Baptista en contacto con los medios.
En Sucre, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó la resolución a favor de Morales como una “payasada” y aseguró que esta acción constituye un delito de desobediencia a resoluciones judiciales, sancionado con hasta seis años de cárcel según el Código Penal boliviano.
El jueves, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, lamentó la incertidumbre que se genera sobre la autoridad judicial que controlará el proceso penal por trata y tráfico de personas en contra de Morales, después de que una jueza de Santa Cruz dejara sin efecto la imputación formal y la orden de aprehensión que estaba en curso en Tarija.
