Organizaciones campesinas, sindicales, mineras y sociales de las provincias paceñas de Ingavi, Aroma, Loayza y Pacajes, junto a cooperativas, sindicatos de transporte y trabajadores de la Sociedad Boliviana del Cemento S.A. (Soboce), firmaron un voto resolutivo conjunto en defensa de esta empresa, sobre la que pesa un fallo en contra del Tribunal Supremo de Justicia dentro del juicio por competencia desleal que ganó la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
El documento, firmado el 23 de abril, declara “estado de emergencia permanente” de más de 60 organizaciones y exige que el procurador general del Estado, Ricardo Condori, se retracte, después de que sostuviera que la sentencia en casación debe cumplirse y se tiene que resarcir a las instituciones copropietarias de la empresa chuquisaqueña.
