Una comisión técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) evidenció indicios de actividades extractivas ilegales en el área minera denominada «Venceremos», ubicada en la comunidad de Mayaya, en el departamento de La Paz. Anunció el inicio de acciones legales.

De acuerdo a un reporte institucional, la inspección se desarrolló el 15 de julio de 2026, con un recorrido por distintos sectores del área minera. “Se constató indicios de operaciones extractivas a gran escala al margen de la normativa vigente”, afirmó la institución bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia.

La AJAM explicó que con el objetivo de preservar la reserva de la inspección y garantizar el desarrollo del operativo, el personal técnico utilizó un vehículo de transporte público, cuyos responsables desconocían el propósito institucional del traslado.

Sin embargo, una vez concluida la intervención, el conductor habría recibido amenazas contra su integridad física y su vehículo, situación que generó preocupación en la institución por los riesgos que enfrentan quienes colaboran con las labores de control y fiscalización.

Ante este hecho, responsabilizó a las autoridades de la comunidad de Mayaya, así como a las personas y miembros de cooperativas que presuntamente desarrollan actividades mineras ilegales en el sector, por cualquier hecho que pudiera poner en riesgo la integridad física del transportista o del personal que participó en la inspección.

La entidad denunció también que durante la inspección se identificó a una persona conocida como «Chembo», quien ocupa un alto cargo dentro de la comunidad de Mayaya y que habría manifestado contar con supuestos vínculos o acuerdos con altas autoridades y entidades públicas para respaldar las actividades desarrolladas en el sector.

“La institución desmiente de manera categórica estas aseveraciones, que son falsas, carecen de sustento y no cuentan con ningún respaldo oficial, por lo que anuncia el inicio de las acciones legales correspondientes”, afirmó.

La AJAM exhortó a la población a no dejarse inducir por declaraciones que puedan generar confusión sobre la legalidad de las actividades mineras desarrolladas en la zona.

Recordó que cualquier amenaza o acto de intimidación contra funcionarios públicos y terceros que colaboran con los operativos de control será puesto en conocimiento de las instancias competentes.

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