El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, destacó los 12 acuerdos alcanzados en el “Encuentro por la Estabilidad y la Democracia”, para garantizar las elecciones generales y afirmó que ningún juez se convertirá en “mercenario de la democracia” ni pondrá en riesgo los próximos comicios.
“Hemos logrado acuerdos importantes donde ratificamos ese compromiso democrático de que las elecciones se puedan llevar adelante en agosto, para que ningún juez quiera convertirse en mercenario de la democracia”, afirmó al final del encuentro en Casa Grande del Pueblo, sede de funciones del Órgano Ejecutivo.
Precisamente los participantes del encuentro asumieron el “compromiso indeclinable” con la realización de elecciones generales en agosto de 2025, y con el cumplimiento del calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En esa línea, coincidieron en contribuir a la generación de “las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de conservación de la democracia no sean destruidas en detrimento del pueblo boliviano”.
También asumieron el compromiso de apoyar al Tribunal Supremo Electoral en las tareas vinculadas al proceso electoral, con miras a garantizar las elecciones generales de agosto de 2025 y su transparencia.
En consecuencia, exigieron al Órgano Legislativo la inmediata aprobación del paquete de proyectos de ley acordados en el encuentro por la democracia convocado por el TSE el 17 de febrero y remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para blindar las justas y no ocurra lo que pasó en las elecciones judiciales.
Debido a una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, las elecciones judiciales de diciembre de 2024 fueron parciales.
En el encuentro, Saucedo resaltó la importancia de que el Órgano Judicial cuente con “autonomía presupuestaria, conforme establece la Constitución Política del Estado”. La postura fue respaldada por los presidentes del Tribunal Agroambiental (TA), Richard Méndez, y del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista.
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