El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Sexto de La Paz no podrá dictar sentencia final en el juicio oral del caso Golpe de Estado I, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se pronuncie con un fallo sobre la Acción de Inconstitucionalidad Concreta (AIC), que fue admitida por este alto tribunal en las últimas horas y que fue promovida por el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La autoridad pide declarar la inconstitucionalidad del delito de Terrorismo establecido en el artículo 133 del Código Penal.
El Auto Constitucional 0538/2024, de 2 de diciembre, conocida este sábado, determina “admitir la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Luis Fernando Camacho, demandando la inconstitucionalidad del artículo 133 del Código Penal por ser presuntamente contrario a los artículos 13.IV, 14.III, 21.3, 4 y 5; 109.II, 116.II, 256.I y 410.II de la Constitución Política del Estado; 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 de la Convención Americana sobre derechos humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala en el Por Tanto del Auto Constitucional al que accedió CORREO DEL SUR.
El TCP pone en conocimiento de su determinación al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, como personero del Órgano que generó la norma impugnada y tiene un plazo de 15 días para responder a esta resolución.
Asimismo, ordenan que se ponga en conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal del departamento de La Paz, a efectos de su cumplimiento.
Este alto tribunal guardián de la Constitución observó la actuación del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de La Paz, que en juicio rechazó la AIC promovida por Camacho y hace una “llamada de atención”, por haber remitido actuados en fotocopias del memorial de demanda totalmente ilegibles y desordenados que orienta a la confusión e impide su lectura. Además, indica que, al rechazar la acción de inconstitucionalidad, obró de manera incorrecta.
El juicio por el caso Golpe I se inició el 17 de octubre de 2024 y entre los acusadores están el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y como acusadora particular, la exdiputada masista Lidia Patty.
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