El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reiteró su preocupación por el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional y la debilidad presupuestaria para su mantenimiento. Demandó una política nacional que abarque al área rural y fronteras.

Esta reflexión se dio en el marco del programa “El Defensor con el Pueblo”, que abordó sobre “el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes”, y que se transmite a través de Facebook y YouTube de la institución defensorial.

“Existe una altísima preocupación por el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional, se ha establecido la debilidad en cuanto a presupuesto que se les asigna a las infraestructuras y esto obliga a aportes de los padres de familia y puede distorsionar, en algún momento, la gratuidad de la educación, que es un extremo que no debería de permitirse”, apuntó el Defensor del Pueblo.

El programa difundido este lunes, a través de la página de Facebook de la Defensoría del Pueblo, contó con la participación del secretario Municipal de Educación del GAM de El Alto, Edgar Añaguaya; y los presidentes de la Junta Nacional de Padres de Familia, Carlos Valdez Vaca y de Padres de Familia de Santa Cruz, Cristian Chávez, quienes opinaron sobre la situación de las infraestructuras educativas en sus regiones.

Callisaya, recordó que la “infraestructura (educativa) es parte de la calidad y el derecho a la educación”, razón por la cual señaló que existe la “necesidad de que el Estado nacional y los municipios puedan generar una política real y material acerca de la infraestructura educativa”.

Para el Defensor del Pueblo, esta política nacional debe abarcar “no solamente en el ámbito de las ciudades, sino particularmente a los sectores rurales y fronteras, donde efectivamente existen múltiples limitaciones”.

Para la primera autoridad defensorial, en lo referente a la calidad de la infraestructura educativa, señaló: “todos estamos invitados a participar, tanto el nivel central, el departamental y, por supuesto, el municipal que tiene esta tarea bajo su responsabilidad. El derecho a la educación es tarea de todos”.

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión interinstitucional con representantes del Ministerio de Educación y la FAM-Bolivia para coordinar y realizar el seguimiento a acciones que garanticen el Derecho a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes.

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