Pese a que un fallo judicial le recordó que no se puede exhibir a personas aprehendidas bajo investigación, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, volvió a presentar personas en custodia policial, bajo el argumento de que son casos de delitos en flagrancia.
La Sala Constitucional Segunda de La Paz, a pedido de la Defensoría del Pueblo, recordó al Ministro que no puede presentar a personas investigadas porque se vulnera sus derechos, sin embargo, sí puede presentar fotografías de personas prófugas, desaparecidas o que han cometido delitos en flagrancia a fin de dar con su paradero.
En criterio del Ministro, el fallo le permite presentar a personas en casos de delitos en flagrancia, por ejemplo con sujetos detenidos por narcotráfico.
“Dando cumplimiento a esta sentencia, seguimos presentando a las personas en flagrancia y seguimos presentando aquellas personas que son buscadas por la justicia boliviana, para demostrar que el país se va a sentir mucho más seguro, libre de drogas y libre de criminales”, afirmó.
Aún no se corrige del caso Reyna
La decisión de la Sala Constitucional se enmarca en una Acción de Protección de Privacidad, a nombre de Reyna H., quien el pasado 22 de enero fue presentada por Del Castillo como autora de delitos y ser retratada como una madre que abandonó a sus hijos y que consumía bebidas alcohólicas.
La Sala Constitucional determinó que se vulnera el derecho a la dignidad y honra de Reyna, al exhibirla cuando no tenía sentencia y ni siquiera imputación, por lo cual se ordenó al Ministro que se corrija en una conferencia de prensa.
Sin embargo, ahora el Ministro aún no corrigió el caso Reyna, bajo argumento de que sigue en investigación.
“La señora Reyna habría sido aprehendida en flagrancia por haber realizado el abandono de sus menores y, cuando ella regresa con hálito alcohólico, ¿qué quiere decir esto? Abandonó a sus hijos para ir a consumir bebidas alcohólicas, pero el proceso aún continúa en investigación”, agregó.
El Defensor del Pueblo ha rechazado las prácticas de exhibir aprehendidos sin sentencia, bajo el argumento de que se trata de un “populismo penal” para generar una falsa sensación de seguridad, pero que además ya ha causado sanciones para Bolivia como en el caso de Blas Valencia y su banda, quienes recibieron resarcimiento por haber sido presentados tras su detención sin haber tenido sentencia en el momento.
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