El diputado ‘arcista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, anunció que este lunes iniciará gestiones ante la Comisión de Justicia Plural y la Fiscalía Departamental de La Paz para reabrir el caso Akapana, que involucra a Samuel Doria Medina dentro del escándalo mundial “Papeles de Panamá”.
Doria Medina fue señalado por una posible evasión tributaria de 54 millones de bolivianos en la venta de acciones de la fábrica de cemento Soboce a la empresa mexicana Chihuahua, a través de la empresa offshore Akapana S.A.
“Vamos a reabrir este proceso. Este lunes presentaremos el desarchivo del informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa porque los delitos de daño económico al Estado y corrupción no prescriben; en estos casos se aplica la ley más severa, es decir, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, declaró el legislador cruceño.
Cuéllar informó que también solicitará un informe a la Fiscalía de La Paz y, en su calidad de diputado nacional, se adherirá al caso, argumentando que, pese a haber sido beneficiado por una jueza años atrás, Doria Medina aún tiene pendiente un proceso penal.
Aclaró que no se trata de persecución política, ya que existen evidencias de que el empresario transfirió su fábrica a una compañía mexicana a través de una empresa offshore con el fin de evadir impuestos.
“El señor Samuel Doria Medina, con todos estos elementos probatorios ya debería estar aprehendido y no haciendo campaña política. Nosotros, como diputados, activaremos inmediatamente todos los mecanismos constitucionales para que el caso Akapana avance y él responda ante la justicia”, afirmó Cuéllar.
Asimismo, criticó que Doria Medina hable de lucha contra la corrupción en sus concentraciones políticas, señalando que incurre en un doble discurso y en una actitud hipócrita. “Él claramente se benefició del dinero de los bolivianos y ahora busca una candidatura solo para escudarse en el poder y evitar ser procesado. No permitiremos que se utilice la política para que este caso quede en la impunidad”, sentenció.
El caso fue denunciado en 2016 por el exvicepresidente Álvaro García Linera, basándose en el informe de una comisión de la Asamblea sobre los Papeles de Panamá. Sin embargo, la jueza Melina Lima, del Juzgado Cuarto Anticorrupción, cerró el proceso por falta de pruebas, lo que derivó en su aprehensión y posterior acusación por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
En octubre de 2021, el entonces fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció la reanudación de las investigaciones, con base en las figuras penales de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento a costa de recursos del Estado, que incluso involucraba a sus familiares del empresario del cemento.
En esa oportunidad, Doria Medina lamentó la reapertura de un juicio caso cerrado y ejecutoriado, reflejando el drama del sistema judicial y a través de su red social, prometió seguir una Bolivia con justicia.
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