Para el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, la cláusula de decomiso es necesaria y, además, empresarios defienden a “delincuentes contrabandistas”, o hacen política al oponerse a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Pese a esto, les invitó a dialogar sobre la polémica norma.
Silva explicó este domingo que la normativa en cuestión está diseñada “para combatir actividades ilícitas que cometen algunas personas que almacenan grandes cantidades de productos, no para abastecer el mercado interno, sino para sacarlo vía contrabando hacia Brasil, Argentina, Perú y que está generando actualmente un incremento de precios de producto esenciales de la canasta familiar”.
Por ello, cuestionó la posición del sector empresarial del país. No se sabe “si lo hacen intencionalmente para proteger y fomentar a la delincuencia, a las organizaciones criminales que se dedican a cometer el delito de contrabando a la inversa”.
En criterio de la autoridad nacional, cuando se exporta los productos básicos de la canasta familiar, se afecta la oferta en el mercado interno y eso repercute en los precios.
“EMPRESARIOS POLÍTICOS”
Pero, Silva también relacionó la posición de la exigencia de la derogación del artículo 7 de la Ley del PGE con un interés político: “Están apostando en un escenario estrictamente político”, afirmó, en una entrevista con Bolivia TV.
Denunció que un grupo de “empresarios políticos” está utilizando esta disposición como una estrategia para desestabilizar al Gobierno y que esas acciones responden a un intento de “golpe suave” por parte de actores vinculados al que denominó “golpe de Estado de 2019”.
“Estos empresarios políticos buscan notoriedad en un contexto electoral para negociar espacios de poder con posibles candidatos presidenciales de la oposición, como Jorge Tuto Quiroga o Luis Fernando Camacho”, dijo.
