El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, denunció este sábado que un grupo de “empresarios políticos” estaría utilizando la disposición séptima del Presupuesto General del Estado, relacionada con el decomiso de productos de la canasta familiar en casos de agio y especulación, como una estrategia para desestabilizar al gobierno de Luis Arce.
Según Silva, estas acciones responden a un intento de “golpe suave” por parte de actores vinculados al golpe de Estado de 2019 y aquellos que causaron la crisis alimentaria.
“Estos empresarios políticos buscan notoriedad en un contexto electoral para negociar espacios de poder con posibles candidatos presidenciales de la oposición, como Jorge Tuto Quiroga o Luis Fernando Camacho”, afirmó.
Sin embargo, resaltó que sectores gremiales, minoristas y productivos han mostrado disposición al diálogo convocado por el Ejecutivo para trabajar desde el martes o miércoles en La Paz un reglamento que garantice seguridad jurídica y excluya del alcance de esta norma al comercio minorista, mientras se combate el contrabando de productos esenciales.
