El despido de Marcos Uzquiano, galardonado presidente de los guardaparques de Bolivia, vuelve a poner sobre la mesa las condiciones precarias en las que trabajan estos defensores medioambientales y los intereses sobre las áreas protegidas.

Esta situacion, verificable en el lugar, no suele motivar declaraciones de servidores públicos, porque ello puede derivar en llamadas de atención, procesos y hasta retiros. De hecho, a Uzquiano se lo acusa de realizar denuncias públicas y hasta de beneficiarse por representaciones que hizo como defensor medioambiental. 

Le reprochan, entre otras cosas, haber gestionado un seguro para los guardaparques que, en otros países, es provisto por el Estado.

“La desatención es integral, hay un descuido muy fuerte por parte de las autoridades sin valorar la importancia del trabajo que hacen nuestros guardaparques”, expresa Uzquiano a Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980). 

Se encuentra en La Paz, donde permanecerá hasta la resolución de un amparo constitucional presentado en su defensa por la Defensoría del Pueblo. Si el resultado es desfavorable, Uzquiano no descarta declararse en huelga de hambre porque remarca que más allá de su derecho al trabajo, el objetivo es la institucionalización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). El director Johnson Jiménez no se ha pronunciado desde que estallaran los reclamos hace una semana.

Uzquiano atribuye la situación actual a la carencia de meritocracia y compromiso. 

“Ya no se trata simplemente de restituir el derecho vulnerado, el derecho individual de Marcos Uzquiano al trabajo, sino que el fondo de esta lucha viene a ser la recuperación de la institucionalidad de nuestras áreas protegidas (…) Al tener una institución cooptada por gente incompetente, gente indolente ante la situación que atraviesan nuestras áreas protegidas, lo único que hace es dedicarse a perseguir, a acosar guardaparques”, reclama.