La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó este viernes su rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ya que fue aprobado “por fuerza de ley” y sin haber sido tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la Cainco lamentó que, por segundo año consecutivo, el presupuesto fuera aprobado “unilateralmente, limitando la discusión plural y necesaria en una democracia”.

“El PGE 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes, como lo hemos manifestado anteriormente”, señala parte del documento.

Consideró que el diseño del presupuesto refleja una visión “desconectada de las dificultades económicas reales del país”, incluyendo la crisis inflacionaria, la caída de las reservas internacionales y el estancamiento productivo.

Uno de los artículos observados por la Cainco es la Disposición Adicional Séptima del PGE 2025, ya que “refuerza incertidumbre y afecta gravemente la confianza en el clima de inversión y actividad económica”.

El artículo en cuestión faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, si estas instituciones estatales consideran que hay un encarecimiento, retención o de estos productos.

“El diseño del PGE refleja una visión desconectada de las dificultades económicas reales del país, incluyendo la crisis inflacionaria, la caída de las reservas internacionales y el estancamiento productivo”, añade el pronunciamiento.

Para la Cainco, la dilación en el tratamiento del PGE 2025 en el Legislativo, antes del receso, es una clara señal de que el futuro económico del país está “atrapado en profundos intereses político-partidarios y no enfocado en el bienestar del pueblo boliviano”.

En ese sentido, hizo un llamado “urgente” a las autoridades nacionales para trabajar con políticas económicas “realistas y efectivas” que estimulen la inversión, generen empleo y fortalezcan la seguridad jurídica. 

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