Bolivia tiene en 2025 el reto de levantar su economía golpeada en el año precedente por la inflación, las dificultades de abastecimiento de carburantes y una falta de dólares que persiste desde 2023, problemas que el Gobierno confía en revertir, aunque expertos consideran que esto solo se logrará si se toman medidas resistidas por el Ejecutivo, como la reducción del gasto público.
Algunos síntomas de la crisis económica en Bolivia son el déficit comercial de 329 millones de dólares reportado en los nueve primeros meses de 2024 y una inflación acumulada entre enero y noviembre de 8,82 %, la más alta en la última década.
A esto se sumaron los problemas de abastecimiento de gasolina y diésel por lo que fue casi una constante ver largas filas de vehículos esperando para cargar combustible, o las dificultades para conseguir dólares, incluso para quienes tienen ahorros en esa divisa y han visto limitadas sus transacciones, lo que para opositores y expertos es un «corralito bancario» no declarado.
Arce fue el «más duro» para su Gobierno
El presidente Luis Arce admitió recientemente que este año fue el «más duro» para su Gobierno por la conflictividad social y política y las dificultades económicas, aunque aseguró que el país sigue creciendo «con una inflación moderada”.
Arce atribuye estos problemas en parte a la coyuntura mundial, pero también a los conflictos derivados de la disputa interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre la facción leal a su Gobierno y la afín al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Los seguidores de Morales bloquearon carreteras en dos ocasiones en 2024 por distintos motivos, durante un total de 40 días en los que se generó una pérdida económica de más de 3.000 millones de dólares, según las autoridades.
Los bloqueos también generaron desabastecimiento y el consiguiente encarecimiento de alimentos en las principales ciudades, por lo que el Gobierno también achaca a esas protestas la elevada inflación registrada a noviembre.
El Gobierno también se ha quejado del «bloqueo» en el Legislativo a la aprobación de créditos externos por más de 1.228 millones de dólares.
Con todo, Arce confía en que 2025, cuando Bolivia celebrará el bicentenario de su independencia, será «el año del restablecimiento de la estabilidad económica», y prevé alcanzar un crecimiento de 3,51 %, una inflación de 7,5 % y un déficit fiscal de -9,20 %.
Análisis y alertas
El presidente ha defendido siempre el éxito y vigencia de su modelo económico con el Estado como protagonista, ante las críticas de analistas y opositores que consideran que ya caducó y que un reflejo de eso son los problemas mencionados.
En declaraciones a EFE, el economista Fernando Romero consideró que 2024 fue un año negativo para la economía boliviana que, señaló, está creciendo a un ritmo más lento.
Recordó que en 2021, el producto interior bruto (PIB) creció en 6,1 %, en 2022 en 3,6 % y en 2023 en 3,08 %, mientras que el único dato oficial disponible de 2024 es el 2,58 % reportado al segundo trimestre.
Para Romero, el crecimiento alcanzado en 2024 oscilará entre 1,5 y 2 % «siendo muy optimistas» y la inflación estará entre 10 a 12 %.
El experto indicó que aunque el país no está en recesión, «está creciendo a un ritmo más lento» y eso se debe a que el modelo gubernamental es «cada vez menos sostenible» porque ya no cuenta con los «cuantiosos ingresos» de la venta del gas natural, que fue el sustento de la economía boliviana en las dos últimas décadas.
Una economía que cada vez crece menos en Bolivia
Al no tener estos ingresos, el Gobierno tuvo que recurrir a un «mayor endeudamiento público» para seguir financiando «un gasto corriente elevado».
Romero expresó su preocupación ante la posibilidad de que Bolivia se encuentre en una «estanflación», la combinación «nada deseada entre una economía que crece cada vez menos, o se estanca» y con «altos precios».
Si esto se agudiza, se generará «más desempleo, menos crecimiento económico, menos inversión, más informalidad y mayor pobreza», alertó.
A su juicio, el 2025 va a ser «un año más difícil» si no se toman «medidas estructurales» como la reducción del gasto público, o una mejor coordinación con el sector privado para asumir políticas «concretas y sostenibles».
También consideró que será un año «muy politizado» por las elecciones, por lo que es probable que la «reconstrucción de la economía» sea tarea para el próximo Gobierno.
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