Cindy Saraí Vargas Pozo, la supuesta joven que habría mantenido una relación con Evo Morales en 2015 y quedó embarazada siendo menor de edad, concedió una entrevista a un medio internacional en la que relató su versión de los hechos. En sus declaraciones, acusa al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, de haber actuado en complicidad en el delito de trata de personas, asegurando que ambos llegaron a conocer a la presunta hija del expresidente.

Durante toda su intervención, la joven se abstuvo de mencionar el nombre de Morales o de responder las preguntas directas que apuntaban a la culpabilidad del líder cocalero. Evitó mencionar el apellido de su hija y se enfocó en arremeter contra el sistema judicial del país, alegando que su caso es considerado como una estrategia política del actual Gobierno. “Estoy siendo perseguida por el Gobierno de Arce”, apuntó.

De acuerdo con Vargas, la menor ahora tiene ocho años y desde su nacimiento ha sufrido dificultades para contar con la documentación correcta.

Defiende a sus padres

Según la joven, que ahora tiene alrededor de 24 años, tuvo que enfrentar la separación de sus padres desde muy pequeña, lo que la llevó a mostrar signos de rebeldía en la adolescencia, conducta que la llevó a entablar una relación con Morales.

“Hoy los criminalizan a mis padres como si fueran los tratantes”, indicó, al tiempo que explicó que sus progenitores desconocían el grado de parentesco de su nieta con el expresidente hasta 2017, cuando ella decidió contarle la verdad a su madre, quien la habría motivado a registrar a la niña con el apellido de Morales.

Según su testimonio, el día que llevó a la pequeña a una oficialía de registro civil, no encontró a la oficial encargada del recinto y fue atendida por dos muchachas. Horas después, la titular de la oficina la habría buscado en su domicilio para “obligarla” a borrar el registro, pero Cindy se negó.

Acusa a Del Castillo

La presunta víctima indicó que, para 2016, en medio de la polémica generada por el caso Zapata, temió por la seguridad de su familia. Además, precisó que, a partir de ese año, comenzó a recibir amenazas de parte de autoridades, entre ellas el entonces oficial mayor del Senado, Eduardo Del Castillo.

De acuerdo con Cindy, Del Castillo también la buscó en 2021 con el fin de obligarla a cambiar el apellido de la menor. Indicó que el último encuentro con el ministro de Gobierno ocurrió a principios de 2024, cuando ambos se reunieron en el hangar presidencial en la ciudad de Tarija, y ella recibió amenazas.

“El ministro Eduardo Del Castillo no solo ha sido cómplice, sino que también es autor de trata y tráfico, él es el verdadero tratante”, aseveró.

Asimismo, acusó a Sandra Gutiérrez de gestionar los permisos para que ella, junto con su familia, su hija y sus hermanos menores, fueran trasladados a Buenos Aires durante los conflictos de 2019.

Pese a que no mencionó el nombre de Morales en ningún momento, la supuesta víctima mencionó al presidente Luis Arce y lo acusó de estar detrás de la “persecución” en su contra.

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