El Gobierno anunció que a través del conducto diplomático ejecutará la entrega del extraditado Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, luego de que el miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizara su entrega a Estados Unidos. En criterio del exdiplomático y diputado Gustavo Aliaga, el traslado de Dávila se realizará a más tardar en febrero de 2025, en cumplimiento del plazo de 60 días que tiene Bolivia.
El ministro de Justicia, César Siles, informó en Sucre que una vez superado el procedimiento jurídico con la autorización de la extradición en el TSJ, corresponde aplicar el proceso administrativo para concretar la entrega del extraditable al país requirente.
Agregó que “una vez cerrado el procedimiento jurídico comienza el procedimiento administrativo diplomático. El gobierno de los Estados Unidos tiene que coordinar a través del Departamento del Estado con el Ministerio de Relaciones Exteriores toda la logística de la entrega” de Dávila.
“Entiendo yo que lo más práctico, pero eso se tiene que coordinar entre cancillerías, reitero, es que Estados Unidos mande una nave, se lo entrega en el aeropuerto y se vaya”, explicó Siles.
¿ACCIONES PARA FRENAR?
El ministro Siles admitió que una acción de amparo, tal como anunció la defensa de Dávila o la presentación de una complementación, aclaración y enmienda podrían frenar el proceso de extradición pero aclaró que en el fondo ya estás definido la entrega del ex jefe antinarcóticos de Evo Morales a la justicia norteamericana.
“Una persona que cree vulnerados sus derechos y garantías fundamentales puede presentar un amparo constitucional. Sin duda, podría eventualmente frenar la continuación del procedimiento y del trámite de extradición, pero recordemos también que el amparo es una acción extraordinaria de ejecución rápida, que una vez resuelto, no entendería qué razones podría tener para oponerse a un trámite que ha seguido todos pasos procesales”, remarcó.
