Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal de la Fiscalía allanaron la tarde este miércoles las oficinas de la Alcaldía de Achocalla, en el marco de las investigaciones por la mazamorra en Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, que dejó una niña muerta y decenas de viviendas afectadas.
El fiscal asignado a la investigación secuestró documentos que permitan establecer responsabilidades. En imágenes de Bolivia Tv se observó que un contingente policial ingresó al despacho del alcalde Manuel Condori.
Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, una mazamorra sorprendió a los vecinos de Bajo Llojeta, ubicada en la ciudad de La Paz. A su paso sepultó viviendas, vehículos y cobró la vida de una niña.
El Ministerio Público activó una investigación penal de oficio por el delito de estragos, con la agravante de homicidio, debido a la muerte de la niña de cinco años.
Según la investigación preliminar, este desastre se originó por un movimiento de tierras en el cementerio Los Andes de propiedad de la empresa Kantutani.
La empresa Kantutani solicitó una auditoría técnica independiente para determinar responsabilidades, tanto públicas como privadas. Asevera que los trabajos de estabilización en la zona eran de conocimiento y supervisión de la Alcaldía de Achocalla, así como del municipio de La Paz en etapas posteriores. Sin embargo, alcaldías deslindaron sus responsabilidades.
La Fiscalía Departamental de La Paz citará a los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y Condori, para que declaren en calidad de testigos, mientras Luis Enrique Gonzalo Iturralde, el empresario de la Inmobiliaria Kantutani, fue detenido en Chile y devuelto a Perú, donde la justicia le otorgó libertad con restricciones. Sin embargo, el Gobierno boliviano gestiona su retorno.
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