La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado boliviano a llevar a cabo las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. Esta fecha coincide con la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de elegir, mediante voto popular, a las nuevas autoridades del Órgano Judicial.
En un breve mensaje difundido este sábado en sus redes sociales, el organismo internacional recordó que “la demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia de las más altas instancias puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia y causar afectaciones al Estado de derecho, como elemento indispensable de la democracia y la vigencia de los derechos humanos”. Por ello, la CIDH instó a la celebración pacífica de las elecciones de autoridades judiciales previstas para el 15 de diciembre.
La CIDH reitera su llamado a considerar que es indispensable que el Estado y la sociedad boliviana incorporen el diálogo como vía para superar los conflictos sociales existentes en el país, así como evitar que el clima de polarización obstruya la celebración de autoridades judiciales.
Inicialmente las elecciones estaban previstas para el 1 de diciembre; sin embargo a raíz de los conflictos sociales como los 23 días del bloqueo de caminos, el TSE decidió postergar el verificativo hasta el 15 de diciembre próximo.
La realización de estos comicios se vio en entredicho después de que la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional emitiera la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-54, que declaró desierta la convocatoria para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, y para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, anunció que el Órgano Electoral actuará con firmeza ante los “excesos” de una Sala del TCP, asegurando que el proceso electoral continuará según las fechas y condiciones previstas en el marco legal vigente. Para anular la Sentencia Constitucional, anunció que se interpondrá un recurso de avocación para que el pleno del TCP revise lo obrado por los magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado.
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