Roger Mariaca, fiscal general del Estado, solicitó la extradición inmediata a Estados Unidos del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, quien desde 2022 guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
La solicitud se mandó por escrito y se fundamentó en el requerimiento de 2022 promovido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para la Corte del Distrito Sur de Nueva Yourk, en el que se acusa a Dávila por los delitos de tráfico ilícito de drogas y otros relacionados con arma de fuego. Dávila era conocido como “Macho” durante la gestión de Evo Morales en 2019.
La Embajada de Estados Unidos solicitó la Detención Preventiva con propósitos de Extradición por medio de dos notas que fueron remitidas en 2022 y 2023.
Según una publicación del diario El Deber, el Fiscal General envió la misiva de solicitud de extradición al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, instancia que deberá proseguir con el curso legal para viabilizar la extradición del exjefe antidroga.
Desde la Fiscalía, se argumentó que Dávila fue procesado por delitos de asociación delictuosa para importar a EE.UU. cinco kilogramos compuestos por mezclas y sustancias que contienen una gran cantidad detectable de cocaína.
La petición de Mariaca al TSJ estable tomar en cuenta el análisis de preponderancia de los delitos infringidos, toda vez que EE.UU en la complementación realizada en 2023 incorporó la invocación a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), ello en virtud, conforme lo descrito por las autoridades de los Estados Unidos de América, que se tendría abundante prueba aportada contra el exjefe antidroga.
“Entre julio y noviembre de 2019, una fuente confidencial (CS-1) trabajando en representación de las autoridades estadounidenses encargadas de la aplicación de la ley participó en una serie de reuniones y llamadas telefónicas que fueron grabadas legalmente, con DÁVILA PÉREZ, proveedores de grandes cantidades de cocaína que operan laboratorios de cocaína en Bolivia, y con otros. Durante las reuniones, los proveedores bolivianos de cocaína acordaron entregar más de mil kilogramos de cocaína a CS-1, quien luego cargaría la cocaína en un avión en el Departamento del Beni en Bolivia, bajo la protección de agentes del orden armados de Dávila Pérez”, indica parte de la fundamentación compartida por el diario cruceño.
Por su parte, el abogado de Dávila, Manolo Rojas, precisó que su defendido no habría sido notificado y que la investigación en su contra es manejada como un tema de Estado.
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