Yamil Santoro es diputado por Republicanos Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirige además la Fundación Apolo, la primera en denunciar en Argentina al expresidente boliviano Evo Morales por presunta trata y tráfico de personas y abuso sexual de menores de edad en el vecino país, a raíz de declaraciones de la exdirigente intercultural Angélica Ponce.

A su actuación siguió otra planteada por los mismos hechos por el Ministerio de Seguridad argentino, cuya titular, Patricia Bullrich, advirtió al exmandatario que “el delito en suelo argentino, se paga”. El también líder cocalero contestó con otra denuncia: un presunto complot de los gobiernos de Javier Milei y de Luis Arce para sacarlo del escenario político mediante una campaña de “lawfare” (guerra jurídica).

La mañana de este lunes, Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980) entrevistó a Santoro.

CORREO DEL SUR (CS).- ¿Hay gente que le ha hecho llegar nuevas denuncias contra Evo Morales?

Yamil Santoro (YS).- Sí, estamos justamente analizando cada contacto que recibimos, cada información, para ver cuál es el tratamiento que corresponde. Lo que también va a dimensionar es que nosotros no estamos denunciando o investigando hechos que hayan acontecido en suelo boliviano, ya que no tenemos a priori jurisdicción para hacerlo, sino que estamos limitándonos exclusivamente a delitos cometidos en territorio argentino.

CS.- ¿Qué tiempo debe transcurrir para conocer qué causa sigue esta denuncia?

YS.- Bueno, ahí lamentablemente los tiempos no son tan precisos ni tan evidentes y más en un delito con la complicidad que tiene el hecho de que alguna de las partes esté fuera del país, así que es probable que esto lleve algún tiempo. Sí tenemos nosotros el compromiso de darle el mayor impulso posible y aprovecho tu intermedio para que si cualquier persona tiene información sobre estos delitos, pueda acercarse tanto a la fundación como al Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de la República Argentina para ampliar información o proveer data (…) Estamos solicitando que la justicia argentina investigue con la máxima celeridad posible para confirmar y avance hacia una condena.