El contenido de un teléfono reveló un supuesto vínculo de nueve personas que pretendían bloquear la carretera La Paz-Oruro con una concejal de El Alto afín a Evo Morales, reveló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El teléfono celular fue arrojado al interior de una vivienda particular cuando las nueve personas estaban por ser detenidas por policías en inmediaciones del Cruce Samo, en la carretera La Paz-Oruro, donde pretendían instalar un bloqueo.

“La persona que estaba portando este celular, sin duda alguna, mantiene comunicación con una concejal que le hemos visto que es afín y radical al señor Evo Morales Ayma”, afirmó Ríos sin revelar el nombre de la edil.

De manera preliminar, afirmó que se identificó que estas personas tenían conversaciones con otros voceros vinculados a Morales, por lo que el celular será “sometido al peritaje técnico correspondiente, a fin de realizar el desdoblamiento de todas las conversaciones que sostenía esta persona”.

Si bien los aprehendidos indicaron que pertenecían a la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), en su defensa acudió uno de los abogados del MAS.

Los aprehendidos son Luis Castaya, quien cuenta con antecedentes policiales por abuso deshonesto, e Isidro S.Ch., quien también tiene antecedentes policiales por estupro. A ellos se suman Ramiro Q., Clemente T., Julio César Q., Sabina C., Apolinar P., Eulogio Q. y Nicanor V.N.

En el momento de la aprehensión, portaban explosivos artesanales, petardos, ondas, pancartas de la Fejuve y varios sellos de distintas juntas vecinales de El Alto.

“Este es un hecho que llama la atención y demuestra fehacientemente la manera en cómo se está engañando a nuestras organizaciones. Y es que a este sujeto que responde al apellido de Castaya estaba portando estos sellos que corresponden a distintas organizaciones sociales, juntas vecinales”, afirmó Ríos.

Los nueve aprehendidos son investigados por los delitos de porte y portación ilícita de explosivos, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

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