Una carta difundida en las últimas horas reveló un supuesto acuerdo entre la Procuraduría y ganaderos con la finalidad de suspender la investigación para identificar propiedades donde se iniciaron incendios. La Procuraduría General del Estado lo desmintió y, por el contrario, afirmó que el proceso continúa y que en ese marco se analizó la posibilidad de reversión de tierras.

En la carta divulgada por medios nacionales, el procurador César Siles se dirige a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni) para informar que el Gobierno asumió el compromiso de suspender la reversión de tierras por quemas y chaqueos ilegales.

“Conforme a lo coordinado y comprometido con ustedes y a requerimiento del Órgano Ejecutivo se inició inmediatamente concluida la reunión, su revisión y análisis interinstitucional, quedando al presente suspendida su aplicación en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, señala parte de la carta.

Ante la divulgación de la carta, la Procuraduría publicó un pronunciamiento para señalar que la “Investigación Especializada por Afectación a la Madre Tierra”, se encuentra en curso desde octubre de 2023.

Este año, según la Procuraduría, se realizaron 28 requerimientos y mandatos procuraduriales y acciones a diversas entidades públicas de competencias con el medio ambiente.

Además, se visibilizó “procedimientos judiciales en la jurisdicción agroambiental para el cobro de multas económicas impuestas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a infractores de quemas ilegales y desmonte”.

También, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la ABT, se autorizó la modificación del Decreto Supremo 24453 de la Ley Forestal que permitió aumentar las multas entre 190 y 976 UFVs por quemas ilegales.

Otra de las iniciativas en el marco de la investigación “consiste en la posible reversión de tierras en propiedades que inicien o propaguen incendios forestales de magnitud. No obstante, se inició una nueva revisión normativa exhaustiva, ya que la reversión de propiedades se encuentra regulado por leyes nacionales, como la Ley 337 de 2013, que en sus disposiciones finales incluye la sanción de reversión en caso de desmontes ilegales”.

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