Un exparlamentario del MAS y un colaborador fueron sentenciados a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por haber sonsacado a un empresario constructor 210 mil bolivianos para una adjudicación directa de la Villa Universitaria de San Simón de Cochabamba, en 2017, que nunca se concretó; tampoco le devolvieron el dinero. El proyecto tenía un costo de Bs 205 millones.
El exparlamentario supraestatal Asbley Orlando Juan Fernández Sivila, secretario municipal de Salud, Educación y Deportes en Sucre, y Ariel Martínez Loayza fueron acusados por el delito de concusión y el juez de Sentencia Nº 1 de la Capital, Emilio Pinto, los declaró culpables.
De acuerdo con el fallo de Pinto, el primero es autor del delito de concusión mientras que el segundo, su colaborador, en grado de complicidad. Ambos apelaron, pero la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca dejó firme la sentencia.
El presidente de la Sala Penal Primera, Iván Sandoval, confirmó a CORREO DEL SUR el rechazo de sus solicitudes: la del primero, porque se la presentó fuera de plazo; la del segundo fue declarada improcedente. En busca de anular el fallo, los sentenciados acudieron en casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El juzgador remitió antecedentes al Ministerio Público para que defina si el empresario también cometió algún delito.
EL HECHO
De acuerdo con la denuncia, en 2017 el exparlamentario masista habría ofrecido a un empresario adjudicarse la construcción del edificio Multiacadémico Portal de la Universidad Mayor de San Simón, una Villa Universitaria.
“La obra le había regalado (el Gobierno) al supraestatal por los gastos realizados durante la campaña política del año 2014, para recuperar lo invertido y (para que) pueda cobrar lo que corresponde al diezmo, a través de adjudicaciones por invitación directa sin licitaciones ni convocatorias”, según se puede leer en la acusación.
Los acusados se reunieron en dos ocasiones con el empresario, en Sucre; la primera, en la zona del estadio Patria, para hablar de los términos de la adjudicación. La segunda fue en la plaza principal de Tarija, donde participó además un segundo empresario, a quien le comentaron del diezmo que debía depositar para la adjudicación, pero este les advirtió que no daría ningún adelanto hasta tener el contrato.
