La sentencia, dictada el 10 de junio de 2022, que condenó a Jeanine Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, en el caso denominado “Golpe de Estado II”, ya fue ejecutoriada para que la expresidenta cumpla la pena que le impuso en el penal de Miraflores.
Aunque Áñez apeló la sentencia, su recurso fue rechazado, obligando a su defensa a activar la casación. Este recurso fue llevado ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, la última instancia de apelación, que ratificó la condena contra la expresidenta.
"Existe una sentencia ejecutoriada por el proceso de resoluciones contrarias a la constitución política del Estado e incumplimiento de deberes, siendo este el único proceso concluido contra la exmandataria", señaló el abogado Luis Guillen, defensor de Áñez.
Guillen cuestionó que, inicialmente, se había limitado el proceso al ejercicio de Áñez como senadora, pero la sentencia acabó incluyendo su asunción presidencial.
Demanda internacional
Denunció que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz fue creado o conformado meses antes específicamente para juzgar a Añez y que, en la actualidad, esta instancia se encuentra desintegrada.
Por ello, anunció que acudirán nuevamente a la CIDH contra el Estado.
"Ya hemos agotado todos los recursos internos. Se está preparando una demanda internacional por las vulneraciones al debido proceso, al juez natural y otras irregularidades en este caso", declaró Guillen.
Recordó que la primera demanda contra el Estado boliviano fue por la aprehensión "indebida" en el caso "golpe I", donde se investigó el delito de terrorismo.
Ahora, pretenden acudir nuevamente a la CIDH por el procedimiento en la sentencia ejecutoriada de 10 años de cárcel, donde declararon a Áñez culpable por los delitos mencionados, supuestamente cometidos al asumir la presidencia del Senado y luego la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.
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