A partir de la sentencia 1016/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que consolidó el derecho propietario de casi 22.000 hectáreas de tierras a favor de la familia Marinkovic en el predio Tierras Bajas del Norte de Santa Cruz, queda establecido que en Bolivia se puede acceder a más de 5.000 hectáreas de tierras que establece la Constitución Política del Estado (CPE). Para ello se debe demostrar que el trámite de saneamiento comenzó antes de la vigencia de la Carta Magna de 2009, así como cumplir con la Función Económica Social (FES). Existen empresarios ligados al MAS que accedieron a miles de hectáreas durante el gobierno de Evo Morales, denuncia un abogado.
Este es el precedente dejado por la Sala Cuarta del TCP que, con un fallo, decidió mantener incólume la Sentencia Agroambiental 0143/2020, del 15 de septiembre de 2020, de la Sala Primera, que anuló una resolución administrativa del INRA que había resuelto reconocer solo 5.000 has a los Marinkovic y ordenó la titulación de 21.839.8193 has a favor de los demandantes, es decir, la otorgación del título ejecutorial a la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón S.A., en el predio Tierras Bajas del Norte, por cumplir la FES.
El caso de los Marinkovic no es el único. El abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz aseguró a CORREO DEL SUR que durante el gobierno de Evo Morales se favoreció con el derecho propietario de más de 22.000 hectáreas a familias del oriente afines al MAS, pero que nunca fueron cuestionadas porque no son opositores políticos.
“En el gobierno de Evo Morales fueron tituladas propiedades de más de 5.000 hectáreas; no voy a dar nombres porque sería arremeter contra ese derecho propietario y para que el Gobierno diga ‘los vamos a revertir a estos’. Que averigüen ellos”, dijo Ruiz.
“Ahora los interculturales tienen grandes cantidades (de tierras) para deforestar, madera ilegal no productivas, muchas dedicadas al narcotráfico. Esta limitación (de las 5.000 has) obliga a crear varias empresas; cada unidad familiar hace una pequeña empresa de 5.000 para bordear el límite constitucional y no tener que ser tierra fiscal”, agregó.
