El Gobierno nacional propuso este miércoles realizar un debate de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia para avanzar y no dejar en la impunidad a los responsables de estos ilícitos, menos aun poniendo en duda la declaración de las víctimas de violencia sexual.

En un pronunciamiento público, el Ministerio de Justicia fijó su postura sobre las propuestas en el Legislativo de promover reformas a la Ley 348 que, entre otros aspectos, plantean corroborar “la veracidad” del testimonio de las víctimas.

“La situación de injusticia que hoy alegan algunos varones es la misma que han denunciado por años las mujeres contra jueces, fiscales y policías que aplican la ley de manera discrecional, en ese marco, el debate respecto a la Ley 348 debiera ser para avanzar y no para evadir la justicia buscando tener impunidad”, versa el documento.

Sobre este punto, el Gobierno remarca “su compromiso de protección a las víctimas de violencia de género” y que no abrirá “ninguna medida normativa en desmedro de niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”. También reconoce “las fallas en el sistema de protección y de justicia”.

La propuesta de reforma fue presentada por la senadora “evista” Patricia Arce, con el fin de ajustar el artículo 94 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que establece que “ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia”.

“Promover reformas a la Ley 348, pretendiendo poner en duda la declaración de las víctimas de violencia sexual, quienes generalmente sufren estos hechos en privado, sin testigos y bajo diferentes formas de violencia, peor aún, pretender corroborar su veracidad a través de la incorporación de cámaras Gesell y peritos que corroboren la veracidad de su testimonio, atenta contra los derechos de las víctimas de violencia sexual”, advierte el Ministerio.

Con la propuesta se atenta contra los estándares establecidos en la Recomendación General N° 3 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (Mesecvi), además de ser materialmente imposible su cumplimiento, ya que el Ministerio Público no cuenta con la cantidad necesaria de cámaras Gesell a nivel nacional ni peritos especializados.

De igual manera, cuestionó que se pretenda establecer el plazo de ocho días para reunir las pruebas en casos de violencia sexual considerando que, de acuerdo con la Guía Práctica de Valoración de víctimas de violencia sexual, metodología de recojo, custodia y procesamiento de evidencias, del Ministerio de Salud y Deportes, lo recomendable es colectar las evidencias, identificarlas, preservarlas y trasladarlas adecuadamente dentro de las primeras 72 horas luego de ocurrida la agresión sexual.

Advirtió que esto promueve “que el acto de violencia sexual quede en la impunidad al existir el riesgo de que la evidencia desaparezca”.

“Una reforma a la Ley 348 no pasa por reducir el patriarcado a una lucha de mujeres contra hombres, peor aún, cuando las reformas plantean retrocesos en los pequeños avances conseguidos, pretendiendo poner a las mujeres en la silla de los acusados, pues no son ellas quienes tienen que dar explicaciones respecto a la mala aplicación de la Ley 348, cuando son los jueces y fiscales quienes aplican la ley de manera errónea”, se enfatiza en el documento.

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