Olga Margarita Poma, jueza pública del Tribunal Departamental de La Paz, ordenó a la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional incorporar de inmediato en la lista de habilitados al postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, exfiscal, exjuez y exvocal ordinario que planteó una Acción de Amparo en el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

Esta determinación fue calificada por dos parlamentarios, uno del oficialista MAS y otra de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), como una “intromisión” en la competencia del Órgano Legislativo y una “usurpación de funciones”.

Un abogado independiente consultado por CORREO DEL SUR y que prefirió mantener su nombre en reserva advirtió que la actuación de la juzgadora de La Paz podría incluso ser tipificada como prevaricato.

EL CASO

El postulante Blanco planteó una Acción de Amparo Constitucional en la que denunciaba la vulneración de sus derechos a la hora de ser inhabilitado del proceso de preselección.

Acto seguido, la Jueza en cuestión dejó sin efecto la Resolución 41/2023-2024 de la Comisión Mixta que inhabilitó al postulante alegando que esa instancia legislativa no justificó las razones para excluirlo de la lista, no valoró la prueba que acompañó el accionante y tampoco estableció una responsabilidad en un proceso penal en el que Blanco salió eximido y la demanda en su contra fue rechazada.

Asimismo, Poma, que hizo de tribunal de garantías, dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta en el Auto de Admisión de la Acción de Amparo del 12 de abril, que paralizaba momentáneamente el proceso de preselección.

“Por tanto, la Suscrita Juez Público Civil y Comercial, Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal 1º de Achocalla-Provincia Murillo del Departamento de La Paz, en mérito a las consideraciones expuestas (…) concede la tutela solicitada por el accionante Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, dispone: Dejar sin efecto la Resolución Nº 41/2023-2024 (…) instruyéndose su habilitación ante la Comisión Mixta de Justicia Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, señala parte de la resolución de la jueza de garantías.

La juzgadora determinó que la Comisión Mixta hizo una “interpretación absurda y arbitraria de la prueba, así como una interpretación indebida y anómala de la norma ingresando en una violación al derecho al debido proceso, significando un agravio que debe ser reparado”.

MESA VE COMPLOT

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, advirtió que “no parecen posibles las elecciones judiciales” al observar un “complot” entre los actuales magistrados y el gobierno de Luis Arce para impedir los comicios en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso”, publicó en redes sociales.

Observan “usurpación de funciones” e “intromisión”

La senadora Silvia Salame (CC) observa como una “usurpación de funciones” la actuación de la jueza Olga Margarita Poma, que ordenó a la Asamblea Legislativa la habilitación directa del accionante en la lista de postulantes al TSJ, y reveló que remitieron a dicho juzgado un memorial de enmienda y complementación exigiendo una explicación de los argumentos de su decisión que en criterio de la parlamentaria es de “imposible cumplimiento”.

“Esa resolución es de imposible cumplimiento porque (la jueza) estaría usurpando funciones. Ella no puede habilitar a ningún candidato, lo que debe haber dicho es que la Comisión proceda de inmediato a revisar el expediente del postulante en los términos que dice su resolución, pero nunca disponer la habilitación”, indicó Salame.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, reveló que hay una veintena de recursos legales que amenazan el trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural en el Legislativo.

“Tenemos que lamentar que hemos sido notificados, por lo menos, con dos amparos; tenemos información de que hay alrededor de otros 18, 20 amparos, aparentemente en diferentes salas del país. Eso lo lamentamos”, dijo Mercado a Unitel.

Habló además de su sospecha de una “mano negra” que buscaría afectar el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y denunció “intromisión” de la justicia sobre el Legislativo.

“Hay una sala constitucional de La Paz donde un amparo también le da la tutela, por ejemplo, a un postulante y nos manda a que lo habilitemos. Eso es intromisión de un órgano del Estado en otro órgano que tiene la potestad de preseleccionar a los candidatos o postulantes”, reclamó el parlamentario.