Como lo había anunciado, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó este jueves su proyecto de ley mediante el cual pretende sancionar los bloqueos y el vandalismo a través del sistema penal, imponiendo multas y cárcel para los infractores. La propuesta sigue a otras iniciativas similares, por ejemplo, de los empresarios de Cochabamba.

La propuesta busca que Bolivia salga de un “ciclo destructivo”, que ahuyenta inversiones y alimenta la desigualdad y el desempleo, explicó el presidente de la CNI, Pablo Camacho.

“Este Gobierno y los próximos gobiernos, ¿qué van a heredar? Una Bolivia inviable”, advirtió al señalar que cree “que este es el momento de reflexionar”. “Debemos y nos vemos obligados a penalizar la destrucción y la afectación a la economía”, sentenció.

SANCIONES

El proyecto de ley propone modificar e incluir artículos en el Código Penal referentes a la obstrucción de vías públicas y al vandalismo.

Por ejemplo, en el artículo 293 plantea agravar la pena por el delito de amenazas, para castigarlo con tres a seis años de cárcel, tomando en cuenta que actualmente la sanción es de tres años a 18 meses.

También se propone incluir el tipo penal de “Obstrucción a vías públicas”, mediante el cual se sancione con privación de libertad de cuatro a ocho años y una multa de 60 salarios mínimos nacionales a quienes ilegalmente procedan al bloqueo total o parcial de caminos, u obstruyan el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas.

Asimismo, la CNI propone crear el tipo penal de “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, con el cual se sancionaría al que por medios ilícitos incite, dirija o proporcione los medios materiales o intelectuales para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo. La pena en este caso sería de dos a cuatro años de cárcel y una multa de hasta 75 salarios mínimos.

Por último, en el tipo penal de “Vandalismo” se pretende encarcelar a quienes incurran en él de cuatro a ocho años y sancionar con una multa de hasta 75 salarios mínimos a quienes, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública, atenten o destruyan bienes públicos o privados.