Después de que un pago de Bs 2,7 millones por concepto de beneficios sociales fuera paralizado en Santa Cruz a favor de Concretec, el abogado del beneficiario pidió dar su versión de los hechos.
Luis Fernando Landívar aclaró, en Correo del Sur Radio, que su defendido no era un comisionista, sino un trabajador de la subsidiaria que, al margen de su sueldo, “ganaba y generaba comisiones que se hacían uno con su sueldo”.
Aseguró que en 2015, el director de Recursos Humanos de Concretec, Iván Huerta, le entregó un certificado de trabajo en base a la cuenta de la entonces AFP, que sirvió para un proceso laboral por beneficios sociales, iniciado en 2018. Después de cinco años, el juez séptimo laboral en Santa Cruz dictó una sentencia favorable, notificada en dos oportunidades a la empresa, que luego fue declarada ejecutoriada, detalló.
“No ha existido ningún reclamo en ninguna etapa del juicio de que haya existido algún uso de instrumento falsificado”, manifestó.
