La jueza Cuarta Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de Sucre, Mirian Flores, decidió este martes cerrar la investigación penal en la vía ordinaria en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ordenó remitir el expediente a la Comisión de Constitución de Diputados, instancia en la que se definirá si corresponde un juicio de responsabilidades.
En una audiencia de casi tres horas, la jueza Flores, declaró probada la excepción de falta de acción planteada por los magistrados denunciados y dispuso que el cuaderno de control jurisdiccional, que contiene la denuncia, sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.
Los magistrados Paul Franco, Karem Gallardo, Yván Espada y Georgina Amusquivar salieron airosos de la audiencia porque lograron su objetivo de llevar esta denuncia a instancias de la Asamblea Legislativa y también el reconocimiento como autoridades producto de la declaración 049/2023 de ampliación de mandato, dispuesta por el propio TCP.
“Se ha podido evidenciar que nuestra situación jurídica actual está basada en la Declaración Constitucional Nº 49 que establece la prórroga de los mandatos y, en consecuencia, estamos ejerciendo funciones en condición de magistrados”, destacó el presidente del TCP, Paul Enrique Franco, al final de la audiencia en el Tribunal Departamental de Justicia.
Remarcó que al declararse probada la falta de acción “debe aplicarse la ley de juicio de responsabilidades Nº 044 y sus reformas”, por lo que quienes impulsan procesos contra los magistrados deben seguir este trámite en la Asamblea Legislativa y no por la vía ordinaria.
