Los magistrados del Órgano Judicial y del TCP reanudaron labores este miércoles 3 de enero, el primer día después de que se cumpliera su mandato constitucional de seis años. El Tribunal Agroambiental, en Sala Plena, decidió elegir al magistrado Gregorio Aro como nuevo presidente en reemplazo de Tereza Garrón.
Entretanto, también este miércoles, el Comité Impulsor de Justicia (CIJ) de Chuquisaca, afín al expresidente Evo Morales, se sumó a Comunidad Ciudadana (CC) con un nuevo proceso penal, esta vez contra los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Tanto el ala “evista” como la oposición política cuestionan la Sentencia Constitucional 1010/2023 que dispuso dicha ampliación de mandato, entretanto se elige a sus sucesores mediante el voto ciudadano.
Se desconoce si los magistrados comenzaron a tramitar causas. La mayoría asistió a sus respectivos tribunales.
Tras la oficialización de la renuncia del magistrado del TCP Carlos Alberto Calderón, se mantiene el hermetismo en medio de crecientes rumores del alejamiento de más autoridades, que por estas horas analizarían si continúan o no en sus cargos.
Por lo pronto, se supo que han sido pospuestos algunos actos como el tratamiento del posible cambio de presidente en el TSJ y la designación de vocales de los tribunales departamentales de justicia.
Este miércoles, los frontis del TSJ y del TCP se mantenían protegidos por bardas metálicas y con presencia de efectivos policiales.
NUEVA DENUNCIA
El Comité Impulsor de Justicia (CIJ) de Chuquisaca, afín a Evo Morales, presentó una proposición acusatoria en la Fiscalía General, en Sucre, en contra de los magistrados del TCP por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, anticipación y prolongación de funciones y prevaricato.
“Solicitamos la inmediata aprehensión de todos los magistrados del TCP”, concluye su memorial de proposición acusatoria.
El martes, una veintena de parlamentarios de CC llegó a la Fiscalía General para presentar la primera acción penal contra los magistrados del Órgano Judicial y del TCP por usurpación de funciones.
