La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó el tratamiento de los dos proyectos aprobados por el Senado el lunes pasado. Por lo tanto, el presidente de esa instancia legislativa, Juan José Jáuregui, dijo que quedan “paralizados” y “sin posibilidad de convertirse en leyes” la cesación de los magistrados y la suspensión de los plazos procesales a partir del 2 de enero del próximo año.

El presidente de la Comisión, Juan José Jáuregui, que responde al ala “arcista” del MAS, confirmó a CORREO DEL SUR las determinaciones que asumió la Comisión que preside.

“Ninguno de los tres proyectos de ley han tenido fundamento jurídico, técnico ni jurisprudencia que puedan respaldar este tipo de iniciativas”, dijo Jáuregui quien justificó el rechazo de la Comisión en base a esos argumentos.

El 19 de diciembre, el Senado aprobó tres proyectos normativos. Dos de ellos apuntaban a evitar la prórroga de mandato de los magistrados y el tercero estaba dirigido a modificar la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado.

El primer Proyecto de Ley (075) establece la cesación de funciones el 2 de enero de 2024 de los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

El segundo proyecto de Ley  (073) dispone la suspensión de los plazos procesales en todas las materias a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular.

Y el tercer proyecto modifica algunos artículos de la Ley 044 “para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

PARALIZADOS

¿Qué significa esa determinación?, le preguntaron los periodistas y Jáuregui respondió: “Esta determinación significa que se quedan paralizados y sin posibilidad de convertirse en leyes los proyectos de cesación de los magistrados y de suspensión de los plazos procesales, que no pasarán a tratamiento del pleno de la Cámara de Diputados antes del 31 de diciembre, tal como pretendía el ala “evista” del MAS y las dos bancadas de la oposición. 

“Los magistrados desempeñan sus funciones hasta el momento en el cual la Asamblea Legislativa Plurinacional concluya la fase de preselección de estas altas autoridades y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice el proceso de elección y concluya este (proceso) satisfactoriamente”, explicó Jáuregui.

Respecto al tratamiento de la declaración constitucional que determina la prórroga de mandato, el legislador explicó que se dio la oportunidad a las bancadas políticas para que puedan hacer llegar formalmente sus propuestas. 

Con relación al proyecto de ley 075, referido a la cesación de funciones el 2 de enero y delegación de funciones a personal subalterno para la transición y la custodia además, de recepción de documentación de los recursos legales,  Jáuregui dijo que el contenido de ese proyecto fue rechazado.

Referente al proyecto de modificación de la Ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades del Órgano Judicial, la Comisión decidió “remitir todos los antecedentes al Comité de Control de Constitucionalidad, que es parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, a objeto de que nos pueda hacer conocer un informe para retomar su tratamiento”, informó Jáuregui.

ANTECEDENTES

El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante una declaración constitucional, determinó, por unanimidad, la prórroga del mandato de las actuales autoridades judiciales y exhortó a los asambleístas a que, “de manera inmediata”, procedan con la preselección de los candidatos a las elecciones pendientes.