El pleno de la Cámara de Senadores dio luz verde este jueves, en su estación en grande, al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, una iniciativa orientada a transparentar la gestión del Gobierno, las gobernaciones, alcaldías y todas las entidades que administran recursos estatales.

Durante el debate, el senador José Roca remarcó la importancia de la norma al señalar que “todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho a acceder a la información pública de manera transparente y sin trabas”, subrayando que este acceso permite a la población conocer el manejo de los recursos y la administración pública.

En esa línea, sostuvo que “es el derecho que tienen todos los bolivianos a acceder a información sin mayor trámite posible” y añadió que la ley permitirá evidenciar el nivel de transparencia en distintas instituciones, considerando que “muchos no tienen esa información porque no les conviene”.

El legislador también advirtió que actualmente “hay un montón de amparos” constitucionales mediante los cuales se exige al Estado la entrega de información, y destacó que Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región —junto a Venezuela y Cuba— que aún no cuentan con una normativa específica en esta materia.

De acuerdo con información institucional, el proyecto tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, tanto individual como colectivo, además de fortalecer la transparencia en la gestión pública y establecer mecanismos que faciliten el acceso a datos generados por las entidades estatales.

En la sesión, una moción de aplazamiento fue puesta a consideración, pero no prosperó. No obstante, se determinó que el tratamiento en detalle del proyecto se retome en la próxima sesión ordinaria, tras el receso parlamentario, cuando se proceda al análisis de sus artículos.

El informe de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomendó la aprobación del proyecto e incorporó disposiciones clave para su implementación. Entre ellas, destaca la creación de un órgano garante externo, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, presupuesto propio y potestad sancionatoria.

Asimismo, se incluyó la obligación para el Órgano Ejecutivo de implementar un sistema estandarizado de gestión y archivo documental en las instituciones públicas, como requisito para asegurar la operatividad de la futura norma.

El alcance del proyecto abarca a entidades públicas, empresas estatales, universidades públicas y otras instancias con participación del Estado. Además, incorpora principios como la accesibilidad, la gratuidad, la presunción de publicidad, la transparencia, la no discriminación, la responsabilidad y la facilitación del acceso a la información.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.