Huacaya le dijo No a su Estatuto Autonómico Indígena y Macharetí Sí a la conversión a autonomía indígena, ayer, en dos referendos simultáneos que se realizaron en Chuquisaca. El primer municipio no estuvo exento de las denuncias de supuesto fraude electoral y en el segundo hubo campaña sucia, según declaraciones.

Los tres proyectos –uno del diputado Carlos Alarcón (CC) y los otros dos, de senadores del ala evista del MAS– fueron aprobados en la Cámara Alta y remitidos en revisión a Diputados, según informó a CORREO DEL SUR el propio Alarcón.

SIN EFECTO

“Se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 del TCP, de fecha 11 de diciembre de 2023”, señala el primer artículo del proyecto de ley propuesto por CC y aprobado por más de dos tercios de los miembros presentes en el Senado.

La declaración constitucional del 11 de diciembre dispone la prórroga del mandato de los actuales magistrados y consejeros hasta que se concreten las elecciones judiciales.

En entrevista con este medio, el diputado proyectista Alarcón explicó que con esta norma se busca el restablecimiento de la plena vigencia de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE): 183, 188 III, 194 III y 200, que establecen un mandato de seis años para los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que, en su criterio, fueron vulnerados por el numeral 4 de la Declaración Constitucional 049/2023.

Dijo que en el artículo 1 del proyecto de ley aprobado este lunes se deja sin efecto dicho numeral de la declaración del TCP. “Este numeral se lo metió de contrabando en una consulta que tenía que ver con contenidos específicos de la ley (144) que viabilizaba las elecciones, pero no con la autoprórroga. Entonces, al haber una nulidad de pleno derecho, porque los magistrados han usurpado el ejercicio del poder constituyente y han violado la prohibición del artículo 122 (CPE), que no pueden ejercer funciones y jurisdicción que no emane de la propia Constitución, hemos dejado sin efecto el numeral 4 de la autoprórroga”, señaló.

Asimismo, mencionó que en el artículo 2 del mismo proyecto se fijó que los magistrados y consejeros cesan en sus funciones el 2 de enero de 2024.

Al ser consultado por este diario si, en consecuencia, la Asamblea Legislativa se estaba sobreponiendo con una ley a la declaración constitucional del TCP, Alarcón respondió: “En este caso, o nos quedamos con la autoprórroga, que es inconstitucional, o nos quedamos con el respeto a los cuatro artículos de la Constitución”.

LA CONTROVERSIA

Alarcón hizo referencia al Código Procesal Constitucional, según el cual, de someterse en consulta proyectos de ley –como el de la 144, que viabilizaba las elecciones judiciales– es obligatorio cumplir las declaraciones de inconstitucionalidad –como la 049 del TCP–, pero “lo de la autoprórroga ha sido en contrabando porque no declara ninguna inconstitucionalidad, sino ellos (los magistrados) deciden vulnerar la CPE y autoprorrogarse cuando estaban a días del vencimiento de mandato”.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS

El pleno de Senadores aprobó otro proyecto planteado por el senador William Torrez, del ala evista del MAS, que también dispone que los actuales magistrados cesen en sus funciones el 2 de enero y la suspensión de plazos procesales. Se trata de la “Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” hasta la posesión de nuevas autoridades elegidas por voto.

El parágrafo I, artículo 3, de ese proyecto señala, por ejemplo, que el Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia estará “a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el artículo 184 de la CPE y la ley número 025 el Órgano Judicial que se han remitido a competencia de este tribunal al igual que las causas remanentes sin resolver si así existieran”.