Cada año la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recibe un presupuesto de Bs 264 millones y en la última gestión legislativa 2022-2023 aprobó 17 leyes, la mayoría declarativas, reveló el ministro de Justicia, Iván Lima.

Lamentó que proyectos de ley como el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 y el Código Procesal Agroambiental, entre otros, no sean aprobados a pesar de su urgencia y necesidad.

“La Asamblea Legislativa (con) los 264 millones de bolivianos que recibe cada año, aprobó 16, 17 leyes en la última gestión, la mayor parte declarativas, no son leyes que vayan a responder al interés del pueblo boliviano, ni siquiera la ley del presupuesto fue aprobada, es un tema crítico”, cuestionó en entrevista con El Deber Radio de Santa Cruz.

La madrugada del martes del 14 de noviembre, legisladores que responden a Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho rechazaron la aprobación del PGE Reformulado 2023.

Esta decisión impide que las entidades del sector público accedan a un presupuesto agregado de Bs 6.455.173.440 y a un consolidado de Bs 5.421.775.252, de ese monto se debe destinar Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.

Los ediles de todo el país, el sistema universitario y cientos de organizaciones sociales demandaron a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley.

La bancada del MAS en Diputados solicitó, en una nota, al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que convoque a sesión para reconsiderar la aprobación del proyecto de ley.

Lima indicó que la sesión se podría realizar el martes.

“Esperemos que este martes se tenga humo blanco y tengamos un Presupuesto Reformulado aprobado”, indicó.

Exteriorizó, además, su expectativa de que los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y de Senadores, Andrónico Rodríguez, perfilen una agenda de leyes que sea de beneficio para la población.

“Estos dos últimos años de gestión deberían pasar de la agenda declarativa, de ponerle nombre a temas que los bolivianos ya apreciamos. Declarar a la diablada o al caporal como patrimonio, no sé si le interesa (eso) al pueblo boliviano o cambiarle el nombre a la Universidad Amazónica de Pando, ahora ése su nombre, no es algo que nos interese, creo que hay temas de fondo entre ellos el tema ambiental que no está acompañando ni por el Legislativo ni el Judicial”, argumentó.

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