Las contradicciones del Ministerio Público en torno al procesamiento de la expresidenta Jeanine Áñez en estos últimos tres años son motivo de cuestionamiento por abogados que ven un “manejo político” de este caso. Entre 2019 y 2020, el fiscal general Juan Lanchipa emitió cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades contra Áñez, reconociendo su condición de presidenta, pero a partir de 2021, el proceso dio un giro de 180 grados y la acusación fue llevada a los juzgados ordinarios.
Los magistrados y el Fiscal General “convivieron” con Áñez durante el ejercicio del poder de casi un año de Gobierno, pero a finales de 2020, después de que ella dejó el cargo, estas autoridades mostraron sus “dudas” de que ella haya asumido la Presidencia del Estado, cumpliendo la cadena de sucesión constitucional, según el foro de abogados.
JUICIO DE PRIVILEGIO
En agosto de 2020, el fiscal Lanchipa presentó requerimientos acusatorios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de Áñez por la presunta comisión de delitos en los hechos de Senkata y Sacaba de noviembre de 2019, y pidió a este alto tribunal tramitar la autorización de juicio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“En mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019 en el sector del Puente Huayllani del municipio de Sacaba y la Planta de Senkata de la ciudad de El Alto y los antecedentes acumulados, en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, el Ministerio Público presentó el día de hoy (viernes 20 de agosto), ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Añez, por tales hechos, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, dijo Lanchipa en una conferencia de prensa.
El 26 de agosto del mismo año, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, informó al país que la Sala Plena en sesión extraordinaria remitió el informe de la Sala Penal sobre la proposición acusatoria presentada por la Fiscalía General contra Áñez.
“La Sala Plena en su conjunto ha tomado conocimiento y conforme a la Ley 044, Art. 16, se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal, esto con el fin de que la ALP pueda pronunciarse y pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez”, señaló Torres.
Cinco meses antes, en marzo, el propio fiscal Lanchipa presentó ante el TSJ otras cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de Áñez y varias exautoridades de su gobierno, por los casos: Préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional (FMI), Violación de la libertad de expresión en la cuarentena, Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile y por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa.
