La Defensoría del Pueblo recibió formalmente 16 denuncias sobre presuntas agresiones físicas realizadas por seis privados de libertad que extorsionaban y golpeaban a otros internos del penal demandando pagos y otras dádivas de acuerdo al reporte del director de la carceleta de Riberalta.

De acuerdo a las denuncias recibidas, las 16 víctimas relataron que estos seis internos, apoyados por otros 17 privados de libertad,  tenían un arancel de cobros irregulares por diferentes conceptos, con elevadas sumas de dinero, que si no eran canceladas en plazo, procedían a castigarlos, levantándolos de los pies y  sumergiéndoles la cabeza en los lavamanos, hasta perder la conciencia y los reanimaban golpeándolos; para ello, utilizaban palos de madera bastante gruesos, los cuales fueron decomisados y exhibidos a la Defensoría del Pueblo.

El relato explica que éstos y otros actos eran realizados en el área de las celdas, se emitía música en alto volumen, desde un parlante ubicado en dicha área, para que los gritos de la víctimas no se escuchen; entre esas agresiones se suma la denuncia de un hecho de violación a un privado de libertad, hecho que sucedió mientras la Policía se ubicaba a un par de metros de las celdas, detrás de la puerta de ingreso; pero no ingresaba ni siquiera para realizar un verificativo o ver a qué se debía el alto volumen de la música, explicó la coordinadora Regional Defensorial de Riberalta, Deysi Riveros Riveros. 

“Cabe mencionar que tres de las seis personas sindicadas como agresoras en este caso, recibieron una resolución administrativa sancionatoria en la gestión 2022, producto de las investigaciones y gestiones de exigibilidad que la Defensoría del Pueblo realizó ante el ex director sobre otros casos también relacionados a mal trato físico en contra de privados de libertad”, argumentó la coordinadora, según una nota de prensa.

Riveros informó que de manera inmediata se tomaron declaraciones individuales a las víctimas, se solicitó atención médica para los afectados y se pidió un informe escrito al director del recinto penitenciario en el cual se pide detallar las medidas que la autoridad asumirá al respecto.

“A través de estas acciones se logró doce resoluciones administrativas sancionatorias en contra de doce internos; además de las denuncias que el Cap. Claros remitió al Ministerio Público en contra de estos ocho internos, logrando así frenar drásticamente el abuso sistemático que se daba en este penal bajo la anterior administración de la dirección.

Durante la gestión 2022, la Defensoría del Pueblo, en su calidad Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP – Bolivia), realizó 273 visitas a centros penitenciarios, identificando diferentes casos, entre los que se encuentra el del Sr. Apaza.

Riveros adelanto que la institución defensorial realizará seguimiento hasta la conclusión de los procesos penales, con el objetivo de lograr las garantías de no repetición de este tipo de actos en contra de esta población. 

“Sería injusto no destacar el arduo trabajo que está realizando el nuevo director de la cárcel de Riberalta, Capitán Víctor Hugo Claros, logrando un cambio rotundo en el sistema de administración de este centro penitenciario, sobre todo con una visión de respeto a los derechos humanos de cada persona privada de su libertad en este recinto”, apuntó la Coordinadora Regional Defensorial.

Finalmente, hizo un llamado a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria para fortalecer con respuestas oportunas sobre los requerimientos de recursos materiales, así como el fortalecimiento con talento humano capacitado, sensibilizado y en suficiente cantidad para formar parte del equipo de trabajo de este penal.

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