El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está incumpliendo con la obligación del artículo 14 de la ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, al no constituirse en querellante en la denuncia del cobro de 20.000 bolivianos por un fallo, en el que el imputado es un exfuncionario de la Sala Social Primera.

El magistrado de dicha sala, José Antonio Revilla, anunció el 20 de junio que la querella estaba a consideración de Sala Plena, pero hasta la fecha no se presentó en la Fiscalía.

El pasado 16 de marzo, CORREO DEL SUR publicó la denuncia de un litigante en contra de un funcionario de la Sala Social Primera del TSJ, quien para sacar el fallo a su favor, dentro de una demanda laboral, le pidió 20.000 bolivianos; el demandante le entregó ese monto pero el funcionario no cumplió con el acuerdo y al final, por la presión, tuvo que devolver el dinero.

Los magistrados de la Sala Social Primera, Esteban Miranda y José Antonio Revilla, además de la Unidad de Transparencia del TSJ, presentaron denuncias penales y la Fiscalía, luego de la investigación preliminar, aprehendió e imputó al exfuncionario de dicha sala, de iniciales J.A.C.B. En primera instancia el juez Gary Bracamonte lo envió con detención preventiva a la carceleta de Camargo, pero el vocal Hugo Michel, revocó la detención y dispuso libertad irrestricta.

El 20 de junio, el magistrado Revilla, quien reconoció que el funcionario era de su despacho, anunció que la Sala Plena se constituirá en querellante, para acceder al cuaderno de investigaciones que era restringido y agregó que  tenía dudas respecto a la cantidad mínima cobrada y que no descartaba la existencia de otros funcionarios involucrados.