El 89% de los trabajadores con 65 años o más afiliados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) puede estar expuesto a una jubilación “forzada”, de aprobarse el proyecto de ley de modificaciones a la Ley 065 de Pensiones que impulsa el Gobierno. Los más afectados serán el magisterio, los sectores público y de salud, y las universidades. El Gobierno informó que la medida no es obligatoria para quienes tienen menos de 10 años de aportes.
La propuesta legal enviada por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa establece en su disposición adicional única que, para “coadyuvar con la preservación de la salud y el bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años o más y cumplan requisitos (…) se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o una pensión solidaria de vejez”.
