El juez de Anticorrupción, Primo Flores, determinó este viernes la libertad pura y simple de María Isabel B.P., esposa del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas, sindicada de emitir un certificado de nacimiento falsificado para una ciudadana de nacionalidad china.
A la vez, se definió libertad irrestricta para la jefa regional del Servicio de registro Cívico (Serecí) de Yapacaní, Emma V. A. y medidas sustitutivas para la trabajadora social de la Defensoría de San Carlos, Dina S. A., quienes también estaban implicadas en este caso.
“Con relación a ella (Emma V.A.) no presentó ninguna imputación y es por eso que el juez cautelar le dio libertad irrestricta, después existe otra imputada a la cual se le dio libertad simple (María Isabel B.P.) y a mi defendida (Dina S. A.) se le dio medidas sustitutivas, entre ellas acudir al ministerio público cada 30 días y fianzas juratorias”, explicó Miguel Ruiz, abogado de la trabajadora social.
El jueves, las tres mujeres fueron aprehendidas por la Policía después de que una ciudadana china acudiera a las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), de Yapacaní, para solicitar una cédula de identidad.
Según las investigaciones, la ciudadana china entregó el certificado de nacimiento con el nombre de Marioli Rodríguez Suárez, cuando en realidad se llamaba Lin Chung Yang, al no hablar a la perfección español levantó las sospechas de los funcionarios que decidieron comunicar a sus superiores.
De acuerdo con el reporte policial, Emma V.A., es hermana de una jueza llamada Elvira V.A. y también es pariente de una autoridad del Gobierno nacional. Sin embargo, estos detalles no fueron esclarecidos por el fiscal del caso.
Por otra parte, Ruiz, abogado de la trabajadora social, cuestionó la decisión del juez porque su clienta solo colaboró, en el marco de la cooperación entre la Alcaldía de San Carlos y el Serecí de Yapacaní y dijo que lo hizo a solicitud de la jefa regional del registro civil.
“Ese certificado nunca lo recibió mi clienta, sólo firmó el trámite y le entregó a una abogada que estaba en compañía de la directora (del Serecí). El delito que le atribuye a mi defendida es recibir un beneficio económico y hemos demostrado que mi defendida no recibió nada y lo realizó en virtud de la coordinación”, aseveró.
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