Los diplomáticos de carrera despedidos cuando asumió el actual Gobierno presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la que buscan una reparación de 7 millones de dólares.
“Fundamentalmente no es un tema de espacios laborales, es para mostrar cómo se ha vulnerado la carrera diplomática en Bolivia, cómo hemos dejado indefenso al país en su relacionamiento internacional”, dijo su representante Javier Vizcarra.
Indicó que más de 100 diplomáticos de carrera fueron despedidos hace dos años y medio y aclaró que, después de haber acudido incluso al Tribunal Constitucional, han agotado las instancias en el país.
Vizcarra sostuvo que los diplomáticos sufrieron la vulneración de sus derechos por haber sido despididos injustificadamente, además de no haber gozado de un debido proceso en el marco de una justicia que, en su criterio, no es independiente.
Además, denuncian que fueron condenados casi a una “muerte civil”, porque desde su despido no pueden encontrar trabajo en ninguna institución pública ni organismos especializados, puesto que estarían marcados en "listas negras".
Los demandados son el canciller Rogelio Mayta; el director administrativo de la Cancillería, Fernando Magnani y los magistrados del Tribunal Constitucional René Espada y Gonzalo Hurtado, entre otros.
