El Gobierno de Bolivia no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero hace los esfuerzos significativos para lograrlo. Sin embargo, desciende a la “Lista de Observación del nivel 2”, según el Informe anual sobre Trata y Tráfico de Personas 2023.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, estos esfuerzos del Gobierno incluyen la adopción de un nuevo Plan Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025, además de la sentencia a tres traficantes que habían estado en prisión preventiva desde 2016.

“Sin embargo, el Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. Los funcionarios no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado tratantes y no informaron haber identificado o referido víctimas para que reciban atención. Por lo tanto, Bolivia descendió a la Lista de Observación del Nivel 2”, señala dicho informe.

Establece que el Gobierno disminuyó los esfuerzos de enjuiciamiento; en esa línea, las autoridades no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado casos de trata, situación que dificulta una evaluación sobre el progreso en esta materia. A diferencia del año pasado cuando se reportó 419 denuncias abiertas presentadas ante la Policía.

Si bien hubo fiscales especializados en este delito, las organizaciones de la sociedad civil informaron que también enjuician otros delitos. Se hace notar que los funcionarios no proporcionaron información sobre las actividades de los fiscales.

Por otra parte, “las autoridades no tuvieron fondos dedicados para combatir los delitos de trata, y solo el 0,5 por ciento del presupuesto nacional se dedicó a todo el sistema judicial, lo que dejó a las entidades que combaten los delitos de trata mermadas y con muy bajos recursos”

En el informe se menciona que, en años anteriores, la mayoría de los sospechosos arrestados, incluyendo tratantes, cumplieron un tiempo en prisión preventiva sin recibir una sentencia definitiva “y, a menudo, eludieron la justicia pagando sobornos a funcionarios corruptos para evitar el enjuiciamiento”.

“Los retrasos generales en el poder judicial, la insuficiencia en recursos y personal y la capacitación inadecuada de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obstaculizaron los esfuerzos efectivos de aplicación de la ley. Además, los funcionarios policiales rotaron a nuevos puestos desde cada tres meses hasta cada año, lo que generó una pérdida cíclica de conocimiento institucional e impidió la especialización en la investigación de delitos de trata”, se lee en el documento.

Manifiesta que la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata continúan siendo preocupaciones importantes, lo que inhibió la acción de las fuerzas del orden. “El gobierno no informó haber investigado, enjuiciado o condenado a ningún empleado del gobierno cómplice de delitos de trata de personas. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que persistió la complicidad oficial de bajo nivel en los delitos de trata”.

En relación a la protección, según el informe estadounidense “el gobierno disminuyó los esfuerzos de protección. Los funcionarios no informaron haber identificado, protegido o remitido a víctimas de trata a servicios de atención, en comparación con la identificación de 594 víctimas de trata en 2021”.

“El gobierno contó con un protocolo de identificación de víctimas y Mecanismos Nacionales de Derivación; sin embargo, las autoridades no reportaron el uso del protocolo para identificar o derivar a las víctimas. El marco legal superpuesto y la forma en que el gobierno entiende la trata de personas y los delitos relacionados limitaron los esfuerzos de identificación de víctimas. Las autoridades confundieron la trata de personas con otros delitos, como la explotación laboral en general, el abuso sexual y el tráfico de migrantes, lo que obstaculizó su capacidad para identificar a las víctimas de trata”, precisa.

Asimismo, establece que el Gobierno mantuvo los esfuerzos de la prevención, toda vez que el Consejo Plurinacional, que está a la cabeza del Ministerio de Justicia, coordinó los esfuerzos contra la trata y se reunió al menos 17 veces.

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