El presidente Luis Arce promulgó el 5 de junio la Ley 1513, que acorta los plazos para “garantizar” las elecciones judiciales en 2023, y dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional los próximos pasos a seguir. Sin embargo, se agota el tiempo.
Según la nueva norma, tanto el Legislativo como el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) tendrán un total de 120 días para organizar y dar luz verde a los comicios.
“La postulación y preselección de postulantes tendrá una duración de hasta sesenta (60) días calendario”, según la Ley, y “la organización y realización de la votación popular”, una “duración de hasta cien (100) días calendario”.
Es decir, la Asamblea deberá resolver la primera fase hasta julio como máximo, en menos de dos meses, si quiere que las elecciones tengan lugar en noviembre, tal como lo sugirió recientemente el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, que dijo que después de ese mes sería “bastante complicado”.
Antes de la promulgación de la Ley, el plazo para la preselección de postulantes era de 80 y el de la realización de las elecciones, de 150 días.
