Los plazos aprietan y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala como fecha límite hasta julio para que las elecciones judiciales sean este año. Después “ya es bastante complicado”, advirtió este martes su presidente Oscar Hassenteufel.
La autoridad manifestó que las decisiones respecto a las elecciones judiciales están supeditadas al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y luego a la aprobación del reglamento y convocatoria en el Legislativo, de existir más inconvenientes o demoras plantea pensar en un plan B, C y hasta D.
“La elección judicial están en gran medida supeditada a la decisión que deba adoptar el Tribunal Constitucional Plurinacional, si bien el Órgano Electoral ha venido preparando (el proceso) no es posible definir fechas ni definir un calendario sin tener la decisión del Tribunal Constitucional, porque es a partir de esa decisión que el Legislativo va a poder aprobar el reglamento y la convocatoria”, declaró la máxima autoridad de este órgano.
El TCP suspendió en abril las elecciones judiciales, tras admitir una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el diputado Leonardo Ayala contra la convocatoria a elecciones judiciales. Como medida cautelar se ordenó la suspensión temporal de ese proceso que llevaba adelante la Asamblea Legislativa en su fase de preselección de candidatos. Fue la segunda vez que quedó en suspenso.
La primera vez fue cuando una Sala Constitucional de Beni dejó sin efecto el reglamento y la convocatoria que había aprobado el MAS en el Legislativo, instancia que dio cumplimiento a la disposición constitucional, la acción se produjo cuando la Comisión de Constitución y Justicia Plural ya estaba recibiendo la inscripción de candidatos.
PLAZO DE 120 DÍAS
Hassenteufel explicó que, para realizar un evento electoral adecuado, preciso y sin problemas de ninguna naturaleza se requeriría contar con al menos 120 días para la administración de las elecciones judiciales, “hasta el mes de julio podemos tener una pausa, pero después de julio ya sería complicado”.
En esa línea, precisó que si continúan las demoras y si surgen nuevos inconvenientes y no se podría llevar adelante este proceso “hay que buscar no solo una solución B, sino una solución C o D, pero hay que buscar una solución”.
De acuerdo con el Código Procesal Constitucional, que es la norma que rige las acciones del TCP, este ente tiene 45 días, después de haberse sorteado el caso a magistrado relator, para la emisión del auto constitucional que resuelva el recurso. Ya transcurrieron 34 días y solo le restaría menos de dos semanas de plazo, tiempo en el que debe definir qué pasará con la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el diputado, Leonardo Ayala (Creemos).
