Las condiciones precarias de encarcelamiento y atención médica en el penal de Chonchocoro generaron en el dirigente cocalero César Apaza, recluido pese a tener parálisis en medio cuerpo, nuevas enfermedades que complican más su salud.

Problemas cardiacos, neurológicos y psiquiátricos suman a la deteriorada salud del dirigente cocalero que hasta el momento no ha sido tratado de forma adecuada por un especialista, denunció Miriam Apaza, su hermana. 

“Él está decaído, se le ha ido presentando otras enfermedades que han sido tratadas, pero no por especialistas, sino por enfermeros que me están dando recetas, pedí que sea tratado por un especialista porque estaba sufriendo de dolores en el corazón y no es algo normal en él”, dijo Miriam en contacto con ANF.

A esta enfermedad se suma un cuadro de mucha ansiedad en el dirigente que no le permite conciliar el sueño ni estar tranquilo.

Apaza sigue siendo asistido por sus compañeros de celda para realizar algunas actividades básicas y desde Régimen Penitenciario pusieron a disposición personal auxiliar para que le mida los signos vitales.

“Todavía no cuenta con un médico, solamente está a cargo de unas enfermeras que tres veces al día le controlan los signos vitales, presentamos un memorial para que nos puedan aceptar a un rehabilitador, todavía no hay respuesta mediante el fiscal”, indicó Miriam.

Pese a las recomendaciones médicas del lugar donde debe dormir el paciente por su estado de salud, y las observaciones hechas por la Defensoría del Pueblo, en su momento, para el cumplimiento de esas recomendaciones, nada ha cambiado para César Apaza, “continúa en las mismas condiciones”.

El 19 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución defensorial donde recomienda a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar las circunstancias de la aprehensión de César Apaza y a Régimen Penitenciario asumir medidas para su acceso a la salud como es el tratamiento médico según su diagnóstico.

Incluso, en el tema de su dieta alimenticia, por su estado de salud, Régimen Penitenciario incumple con el artículo 27 de la Ley 2298 de Ejecución de Penas que señala que “Los internos sometidos a dieta especial por prescripción médica recibirán el tipo de alimentación que corresponda” de parte de la administración penitenciaria.

“También está siendo colaborado por sus compañeros en el tema de su dieta, y nosotros tenemos que disponer de los alimentos, de todos los víveres que sean necesarios para que él pueda alimentarse adecuadamente, todos los gastos salen de nosotros, todos los gastos médicos, Régimen Penitenciario no brinda nada”, apuntó.

En esta semana César Apaza fue visitado por dos especialistas a solicitud insistente de la abogada Evelyn Cossío, la conclusión fue que padece de ansiedad y de otras dos enfermedades más, que Miriam no pudo precisar.

“Me preocupa bastante, no sé qué más se puede hacer o mediante qué medios, para que mi hermano tenga una atención médica adecuada, y de la audiencia de cesación tampoco hay respuesta”, lamentó Miriam.

Desde la aprehensión ilegal y tortura por parte de la policía, y luego la reclusión en las cárceles de San Pedro y Chonchocoro, la salud de César Apaza ha ido cuesta abajo en manos de las autoridades carcelarias.

La defensa de Apaza presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva y pese a que los plazos ya transcurrieron con amplitud, no existe una convocatoria a audiencia, señaló el abogado Jorge Valda.

“Los plazos que interpuso el juez cautelar y los plazos que interpuso el vocal en la última audiencia de 48 horas para que le remitan los informes se han incumplido, se ha presentado la cesación con la documentación pertinente respecto al estado de salud de César Apaza y hasta el presente no tenemos un señalamiento de audiencia, y eso es lo que altamente preocupa puesto que estamos hablando de una persona que cuya vida está en peligro”, dijo Valda a ANF.

El caso también fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dio un plazo al Gobierno para que presente su descargo, pero tampoco lo hizo, y próximamente debe pronunciar un veredicto.

“Ya se ha cumplido la prórroga de 12 días que pidió la Procuraduría para que ellos puedan presentar prueba, habiéndose cumplido esa prórroga en siete días estaríamos conociendo una determinación de la CIDH”, indicó. 

Pero indistintamente a las acciones con la CIDH, dijo Valda, por las acciones de la audiencia de cesación o las acciones constitucionales, “continuaremos luchando por la libertad de César Apaza”.

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